DesapariciĆ³n de personas en Chiapas. El murmullo por la Verdad y Justicia
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18 de mayo de 2025
Por FrayBa
El murmullo por la Verdad y Justicia
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La desapariciĆ³n de personas en MĆ©xico, se ha vuelto un cotidiano, una prĆ”ctica sistemĆ”tica y generalizada que constituye un crimen de lesa humanidad. Estos hechos se siguen dando con la complicidad, connivencia, omisiĆ³n y aquiescencia de la autoridad. De otro modo no se podrĆa sostener. Este fenĆ³meno tiene una raĆz histĆ³rica tanto en MĆ©xico como en otros paĆses de nuestro continente. Ha sido una prĆ”ctica para controlar, infundir miedo e incluso para exterminar a personas y grupos subversivos que el Estado los considera un peligro o sus enemigos. AsĆ ocurriĆ³ antes, durante y despuĆ©s del 68, en el periodo llamado guerra sucia, tales desapariciones fueron efectuadas por agentes estatales (fuerzas armadas y policĆas de seguridad).
En el caso de Chiapas, a raĆz del levantamiento armado en 1994, el Estado mexicano implementĆ³ acciones de contrainsurgencia contenido en el llamado plan de campaƱa Chiapas 94. Una de las formas para desarticular al movimiento zapatista fue fomentar la creaciĆ³n, adiestramiento y operaciĆ³n de grupos paramilitares en las zonas de mayor influencia zapatista. Estas acciones paraestatales derivaron en desplazamientos, en la Masacre de Acteal, municipio de ChenalhĆ³, desapariciones y ejecuciones extrajudiciales.Ā
La polĆtica contrainsurgente impulsada por el Estado mexicano entre 1995 y 2000 en la zona norte de Chiapas, concretamente en los municipios de YajalĆ³n, Palenque, Salto de Agua, Sabanilla y Tila dejĆ³ 38 personas desaparecidas a manos de un grupo paramilitar y 32 combatientes Zapatistas desaparecidos. Por otro lado, la incursiĆ³n policiaca que masacrĆ³ a varias personas en el poblado Viejo Velasco municipio de Ocosingo en 2006, fueron desaparecidas 4 personas. Varios de estos casos estĆ”n en la ComisiĆ³n Interamericana de Derechos Humanos. Y en el caso de Sabanilla, desapariciĆ³n forzada de Antonio GonzĆ”lez MĆ©ndez en 1999, base de apoyo zapatista, cuya desapariciĆ³n fue perpetrada por un grupo de paramilitares fomentado y creado por el mismo Estado como parte del Plan de CampaƱa Chiapas 94.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Co IDH) seƱalĆ³ al Estado mexicano, en diciembre de 2024, que es responsable por desapariciĆ³n forzada en prejuicio de Antonio GonzĆ”les, como los derechos humanos violados a su nĆŗcleo familiar , ordenando a MĆ©xico la creaciĆ³n de un registro Ćŗnico de personas desaparecidas y la categorizaciĆ³n clara de desapariciones forzadas para facilitar su investigaciĆ³n y erradicaciĆ³n.
Al 10 de mayo de 2025, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) contabiliza mĆ”s de 128,331 personas desaparecidas. 1546 desaparecidas en Chiapas al dĆa de hoy. El incremento es alarmante: entre 2019 y 2023, el nĆŗmero de desapariciones creciĆ³ un 358%, concentrĆ”ndose en territorios disputados por grupos criminales que actĆŗan con tolerancia de autoridades locales, estatales y federales, asĆ como empresas transnacionales.
El estado supera ampliamente el promedio nacional en desapariciĆ³n de mujeres, representando mĆ”s del 60% de los casos en el estado, muchas vinculadas a redes de trata y explotaciĆ³n sexual. Esta violencia responde a una estrategia estructural que busca imponer control social mediante el terror y el silenciamiento. Sigue pendiente la instalaciĆ³n del Consejo Estatal Ciudadano, contemplado en la Ley estatal de desapariciĆ³n, esencial para garantizar la participaciĆ³n de las vĆctimas en la formulaciĆ³n de polĆticas pĆŗblicas.
Pese a ello, el Estado mexicano persiste en su narrativa de seguridad, omite sus obligaciones de investigar, sancionar y reparar. El miedo inhibe las denuncias, y la falta de medidas estructurales generando una crisis humanitaria.
La desapariciĆ³n de personas en MĆ©xico es una herida abierta; la impunidad y el abandono institucional no pueden seguir perpetuando el dolor de las vĆctimas y sus familias. Las autoridades tienen el deber ineludible de respetar, proteger y reparar los derechos humanos vulnerados. Ante el clamor incansable de las madres buscadoras y sus familias, el Estado debe responder. El silencio no es opciĆ³n, los murmullos por la verdad y la justicia van creciendo hasta encontrarles.