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¿Outsourcing o crimen organizado de tras del extractivismo minero? En la minería en Chicomuselo

Publicado en Camino al Andar

29 de septiembre de 2023

Por Elisa Cruz Rueda

Como lo hemos señalado (Cruz 2017) En la explotación minera en México se conjuntan varias características: es materia federal, por el tipo de extracción y afectación de terrenos sean pequeña propiedad o sociales, y por el área territorial que involucra a más de un poblado y municipio, afectando el uso del agua que utilizan varios poblados, que con la extracción queda contaminada, provocando daño a nichos ecológicos y al derecho de la población a un ambiente sano.


Ubicación y característica culturales


El municipio de Chicomuselo, ubicado al sureste del estado de Chiapas, geográficamente forma parte de la depresión de la Sierra Madre de Chiapas, la cual se extiende hasta Guatemala, cuya frontera política, se encuentra muy cercana, región donde se ubica la veta más grande de barita. En el año de 1999, una compañía minera nacional con denominación social “El Caracol”, solicitó la concesión de explotación de barita, mineral altamente cotizado, fundamentalmente en la industria petrolera (Cfr. Otros Mundos Chiapas 2009). Es tan grande la veta en dicha región, que la consideran una de las tres más importantes a nivel mundial.


La población del municipio de Chicomuselo es de ascendencia indígena presentándose una diversidad de pueblos: tsotsil, cho’ol y mam, aunque la mayoría, ya no hablan sus lenguas originarias, casi la totalidad se auto adscriben como parte de alguno de esos pueblos originarios, además de mantener costumbres y formas de convivencia características de los mismos. Es importante señalar, que esta región aún forma parte de la Diócesis católica de San Cristóbal de Las Casas, con un profundo trabajo de evangelización y participación comunitaria, de capacitación y orientación de la iglesia comprometida con los pobres erigida por el entonces obispo Don Samuel Ruiz García. Al mismo tiempo, organizaciones campesinas regionales ligadas fundamentalmente al Partido Revolucionario Institucional (PRI) y al Partido de la Revolución Democrática (PRD), se disputan el control político de sus pobladores. A este escenario se agrega que actualmente entre los años 2020 y 2023 el crimen organizado se ha hecho presente, cooptando a pobladores y varias organizaciones sociales, ya sea con engaños o con promesas de riquezas exuberantes, con las consecuencias de lealtades inconfesables.


Breve línea de tiempo


Como sabemos en el año 2006, la concesión para la explotación de la barita en Chicomuselo, fue adquirida por la compañía minera “Blackfire” de Canadá, está compañía no tuvo que hacer ningún trámite ante la Secretaria de Economía quien da las concesiones, tan solo la compró a la compañía minera “El Caracol”.


Una vez adquirida la concesión por compra-venta, inmediatamente la Blackfire con el apoyo del gobierno del estado y del gobierno municipal —producto de la coalición entre los llamados partidos de izquierda con el PAN— y haciendo uso, del discurso y entusiasmos gubernamentales, por la inversión extranjera directa, concretaron el contrato de arrendamiento de las tierras superficiales, perteneciente al ejido Grecia. Esto facilitó que las operaciones de extracción se emprendieran rápidamente sin importar las violaciones a las normas aplicables, como el contar con el permiso de cambio de uso de suelo, el referendo y consulta ciudadana (que dicho de paso, mecanismo en la Ley Ambiental, es demasiado limitado aún más que el que se plantea en el Código de elecciones y participación ciudadana del Estado de Chiapas), el Manifiesto de Impacto Ambiental a cargo de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), ni el cumplimiento de las normas internacionales sobre el Derecho a la Consulta y Consentimiento Previo e Informado, entre otras.


Casi al mismo tiempo, la sociedad civil organizada en una asociación denominada Dos Valles Valientes A.C., en la cabecera municipal de Chicomuselo, al ver las afectaciones hechas por el transporte del mineral por la cabecera municipal, busca información en la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA), quien informa y capacita a ciudadanos de la cabecera municipal. De igual forma, la Parroquia de Chicomuselo, con un largo trabajo de años de formación en derechos humanos, lleva información directa a las comunidades que serían impactadas ambientalmente con la puesta en marcha de la extracción de barita, e inician un largo “peregrinar” por el cumplimiento de los derechos individuales y colectivos, a través de acciones concretas, marchas, oraciones, hasta solicitar la intervención de la alta jerarquía de las tres diócesis de Chiapas, quienes haciendo eco de estos reclamos, exhortaron en documento público al que fuera gobernador de apellido Sabines, el cierre de la mina, dadas las irregularidades legales para su apertura, así como las afectaciones socio ambientales en las comunidades de la región. El gobierno del estado hizo caso omiso a esta petición, y al contrario sirvió de mediador entre los ejidatarios del ejido Grecia y la compañía “Blackfire”, para que aquellos permitieran la extracción de la barita, sin embargo, y pese a los acuerdos, la compañía no cumplió lo pactado.


Mientras esto sucedía, en la cabecera municipal de Chicomuselo, en poco tiempo activistas hombres y mujeres de Dos Valles Valientes, en menos de seis meses, organizan un plantón permanente, en las calles por donde pasan los enormes camiones que trasladan la barita, así como en las oficinas de la compañía.


Durante poco más de un año, la compañía “Blackfire”, operó sin importar las violaciones a la normatividad, que fueron alentadas por acto y omisión de funcionarios de los tres ámbitos de gobierno. Esta situación no se prolongó por más tiempo, por dos hechos: 1.- el asesinato de uno de los opositores más visibles a la explotación minera: Don Mariano Abarca y, 2.- la reacción de indignación internacional que causó dicho asesinato. Fue entonces que el gobierno del estado decidió clausurar la mina por motivos legales “nimios” (por ejemplo, que el camino para el tránsito de maquinaria excedía de dimensiones afectando flora a su paso), con esto, el gobierno del estado dejó abierta la posibilidad de que la compañía reiniciara su actividad extractiva.


Frente a la clausura temporal de las actividades de “Blackfire”, por la acción del gobierno chiapaneco, la minera canadiense, decide demandar a nivel internacional al gobierno mexicano, quien, a través del gobierno del estado de Chiapas, según argumentaba violentaba distintas disposiciones legales, tanto de lo que era el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), como otras de la normatividad nacional: por ejemplo, la ley minera.[1]


Como se ha apuntado, no hubo proceso de consulta, ni siquiera como se plantea la consulta ciudadana en el Código de Elecciones y Participación respectivo. Sin embargo, el escenario es más complejo porque un proceso acotado a procedimientos de democracia electoral no abarca ni contempla las características históricas y étnico-culturales de los problemas y de la población; mucho menos toma en cuenta la concurrencia de competencias de los tres órdenes de gobierno: federal, estatal y municipal. Por un lado, tenemos la concesión de explotación minera que le corresponde a la Secretaría de Economía; y las licencias por cambio de uso de suelo que le corresponde al Ayuntamiento Municipal, las cuales, por otro lado, solo se pueden otorgar con la opinión técnica favorable de la SEMARNAT. Si se plantea un proceso de consulta serio y realmente con miras a establecer una relación INTERCULTURAL dialogal y edificante, cada acto de autoridad señalado (concesión, permiso y opinión) debería pasar por ese proceso, ya sea por separado o bien, incluirse en un paquete de Consulta a indígenas y sus pueblos, apegándose a los requisitos del Convenio 169 de la OIT.


Reflexión final ¿Actualmente qué sucede?


En la actualidad, ese escenario cambió con la presencia abierta de cárteles del crimen organizado que cooptan u obligan bajo amenaza de muerte a pobladores, organizaciones sociales y funcionarios municipales. Con ello, garantizan el control territorial y la extracción minera por la vía de la intimidación y la amenaza.


De esta manera a finales del 2022 el obispo de la Diócesis de San Cristóbal se declara abiertamente a favor de la minería, lo que va en contra de la iglesia de los pobres que dejó como herencia Don Samuel Ruiz. Esa postura, alentó que a principios de 2023, representantes del ejido Nueva Morelia fueran “visitados" por un grupo de hombres armados que se presentaron ante ellos, y ante la asamblea de pobladores, argumentando ser independientes de cualquier empresa minera y que su trabajo era sacar la barita que la Black Fire había dejado en un predio dentro de Nueva Morelia, denominado la Plataforma. Una vez que terminaron de saquear el mineral (con la complacencia por acto y omisión de la FGR, PROFEPA y SEMARNAT —sin que estas aclaren la ruta final del mineral saqueado, a pesar de las denuncias hechas por el Instituto Nacional de Cambio Climático, perteneciente a la última institución y también interpuestas por pobladores), ahora presionan a los habitantes para que acepten que la minería se reactive. Esto, a pesar de que existe una suspensión de la PROFEPA, los habitantes, conociendo los estragos al medio ambiente que ocasiona la minería, se siguen oponiendo, con temor de que esta decisión provoque que los mineros outsourcing tomen sus vidas a cambio.


En tanto se dan estos actos violentos, en Chiapas como en muchos otros lugares de la República mexicana, México vive un periodo pre electoral para elegir a la persona que ocupe la cabeza del Ejecutivo Federal. Todo indica que no importa el partido político ni su color, continuarán las acciones gubernamentales de incumplimiento de la Agenda 2030, sobre conversión energética. Más aún, se mantendrá el modelo económico extractivista de afectaciones territoriales por megaproyectos y, la inseguridad que le acompaña, en contra de personas defensoras de derechos humanos y medio ambiente (“besos y no balazos para los criminales”), seguirá igual, o en su caso, empeorará.


Referencias


Cruz Rueda, Elisa (2017). Derecho y reformas indígenas en Chiapas ¿contestación o reafirmación del sistema jurídico mexicano?, pp. 121-153, en: Ventura Patiño Carmen y Uzeta Iturbe, Derechos Indígenas en disputa. Colegio de Michoacán, Colegio de San Luis. México.

Foro las Venas Abiertas del Chiapas contemporáneo (2013). Video YouTube, https://komanilel.org/2013/10/24/audios-eolicos-las-venas-abiertas-del-chiapas-contemporaneo/

Mirada Sur (Jueves 14 de noviembre 2013). Reiteran rechazo a extracción minera en municipio de Chicomuselo, https://issuu.com/miradasur/docs/mirada_sur__214


Acrónimos

FGR.- Fiscalía General de la República.

PROFEPA.- Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente.

SEMARNAT.- Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

[1] Actualmente esta compañía ha venido financiando a autoridades ejidales del ejido Santa María, para que “ellas mismas” extraigan la barita. Esto fue descubierto y denunciado a principios de 2013 ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), por el Comité para la Promoción y Defensa de la Vida “Samuel Ruiz García”, con sede en Chicomuselo. La PROFEPA que atendió esta queja dio cuenta de que tal actividad no contaba con los permisos en materia ambiental como de uso de suelo, precediendo a su cancelación y sancionando económicamente al ejido. En el mes de octubre, el Centro citado volvió a descubrir que el ejido Santa María continúa con la actividad, haciendo de nueva cuenta la denuncia a la PROFEPA, ésta hasta el 20 de noviembre de 2013, no ha realizado ninguna acción jurídica. En el contexto de las denuncias públicas que este Centro como de varios pobladores del municipio de Chicomuselo, ha realizado (Cfr. Mirada Sur agosto-noviembre y Foro las Venas Abiertas del Chiapas contemporáneo), es destacarse en su momento de la aparición de un nuevo actor en la región relacionado con las actividades mineras, que fue el abuelo del que fuera gobernador del Estado de Chiapas (Manuel Velasco), quien visitaba ejidos y comunidades de la región “invitándolos” a que iniciaran la actividad extractiva “por ellos mismos”, llegando hasta las oficinas de la parroquia diciendo “lo quieran o no lo quieran, la explotación minera va a continuar”.

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