Desplazamiento forzado interno en México y Chiapas: un análisis crítico

Publicado en Camino al Andar

30 de septiembre de 2025

Por Elisa Cruz Rueda

Desplazamiento forzado interno en México y Chiapas: un análisis crítico

Introducción

El fenómeno del desplazamiento forzado interno constituye una de las problemáticas más graves, persistentes y menos visibilizadas en el contexto mexicano contemporáneo. A diferencia de los flujos migratorios transfronterizos que han captado mayor atención mediática e institucional, el desplazamiento interno se produce dentro de las fronteras nacionales, a menudo como resultado de conflictos armados locales, violencia criminal, disputas territoriales, megaproyectos o desastres socioambientales. En México, y de manera particularmente aguda en Chiapas, este fenómeno revela una compleja trama en la que convergen factores históricos, estructurales y coyunturales.

El análisis de este tema exige no solo una revisión estadística o descriptiva, sino también una aproximación que coloque en el centro a los sujetos desplazados, entendiendo las múltiples afectaciones a sus derechos fundamentales. La desposesión territorial, la fragmentación comunitaria, la pérdida de medios de vida y la vulnerabilidad de mujeres, niñas, niños y personas mayores constituyen expresiones concretas de este proceso.

El presente texto sintetiza los principales hallazgos del artículo sobre desplazamiento forzado interno en México y Chiapas, con el propósito de ofrecer una mirada integral. La exposición se organiza en capítulos temáticos: primero, se aborda el marco general del desplazamiento forzado en México; posteriormente, se analizan las particularidades en Chiapas; enseguida, se examinan los impactos diferenciados y las respuestas institucionales; y, finalmente, se plantean reflexiones conclusivas.

El desplazamiento forzado interno en México: panorama general

En el ámbito nacional, el desplazamiento forzado interno se ha configurado como una consecuencia directa de la violencia estructural y de la inseguridad. A partir de la década de 1990, las dinámicas de militarización, la expansión del crimen organizado y la disputa por territorios estratégicos han generado contextos de expulsión masiva en diversas entidades. Estados como Guerrero, Michoacán, Sinaloa y Chihuahua comparten con Chiapas esta condición, aunque con particularidades que responden a sus propios entornos políticos y sociales.

El marco jurídico mexicano ha avanzado lentamente en el reconocimiento de esta problemática. A pesar de la existencia de diagnósticos oficiales, la ausencia de una ley general sobre desplazamiento interno ha dificultado la creación de políticas públicas homogéneas y con enfoque de derechos humanos. Esto ha derivado en respuestas fragmentadas, sujetas a la voluntad política de cada entidad federativa.

Los patrones de desplazamiento suelen responder a tres tipos de causas: (1) violencia armada derivada del narcotráfico y de grupos armados locales; (2) conflictos socioambientales ligados a megaproyectos, minería o infraestructura; y (3) desastres naturales exacerbados por la crisis climática. En todos los casos, se observa un denominador común: la incapacidad del Estado para garantizar seguridad, protección y restitución de derechos.

Chiapas: un epicentro histórico del desplazamiento

Chiapas constituye un caso paradigmático del desplazamiento forzado interno en México. La historia reciente del estado está marcada por conflictos territoriales, tensiones agrarias y procesos de militarización vinculados al levantamiento zapatista de 1994. En ese contexto, miles de familias fueron expulsadas de sus comunidades, y muchas de ellas permanecen en condiciones de desplazamiento más de dos décadas después.

A estos factores históricos se suman fenómenos actuales que reactivan el desplazamiento. La presencia de grupos armados, la disputa por territorios comunales, la fragmentación interna de comunidades indígenas y la violencia asociada a economías ilícitas han provocado nuevos ciclos de expulsión. Casos recientes en municipios como Chenalhó, Chalchihuitán y Aldama muestran que las hostilidades entre comunidades vecinas, muchas veces incentivadas por la omisión gubernamental, derivan en desplazamientos prolongados y en situaciones de emergencia humanitaria.

Asimismo, el desplazamiento en Chiapas no puede desvincularse de la desigualdad histórica que enfrentan los pueblos originarios. La marginación estructural en materia de educación, salud, vivienda e infraestructura básica intensifica la vulnerabilidad de las personas desplazadas, limitando sus posibilidades de retorno, reubicación o integración en otras comunidades.

Impactos diferenciados y respuestas institucionales

El desplazamiento forzado genera impactos multidimensionales que van más allá de la simple pérdida del hogar. En el plano económico, implica la pérdida de tierras cultivables, herramientas de trabajo y redes de intercambio comunitario. En el ámbito social, provoca desarraigo, ruptura de tejidos comunitarios y desintegración familiar. Y en el terreno cultural, supone la erosión de prácticas ancestrales y de vínculos identitarios profundamente arraigados en los territorios.

Las afectaciones son especialmente graves para las mujeres, quienes no solo cargan con la responsabilidad de garantizar la subsistencia familiar en contextos de refugio precario, sino que además enfrentan mayores riesgos de violencia sexual y discriminación. Los niños, niñas y adolescentes, por su parte, ven interrumpidos sus procesos educativos y de socialización, quedando expuestos a condiciones de pobreza aguda y a la posibilidad de ser reclutados por actores armados.

Las respuestas institucionales, sin embargo, han sido insuficientes y, en muchos casos, reactivas. Predominan medidas asistencialistas de corto plazo, centradas en la provisión de víveres o refugios temporales, sin atender las causas estructurales ni garantizar soluciones duraderas. La falta de coordinación interinstitucional, la ausencia de un censo confiable y el limitado reconocimiento jurídico de las personas desplazadas perpetúan su invisibilidad.

En Chiapas, algunas recomendaciones emitidas por organismos de derechos humanos estatales han buscado avanzar en la protección de las víctimas. No obstante, la falta de cumplimiento efectivo y la persistencia de la violencia generan un escenario de impunidad que desalienta los procesos de retorno seguro o de restitución de derechos territoriales.

Retos y perspectivas hacia el futuro

La atención al desplazamiento forzado interno en México, y particularmente en Chiapas, requiere un enfoque integral y de largo plazo. Entre los principales retos destacan:

1. Reconocimiento jurídico pleno, mediante la aprobación de una ley general sobre desplazamiento interno que garantice derechos y establezca obligaciones claras para las autoridades.

2. Soluciones duraderas, que incluyan restitución territorial, reubicación adecuada y programas de integración que respeten la identidad cultural de las comunidades.

3. Atención diferenciada, con perspectiva de género, infancia e interculturalidad, que permita responder a las necesidades específicas de cada grupo.

4. Prevención estructural, que implique el fortalecimiento de la gobernanza comunitaria, la mediación de conflictos y el combate a la violencia armada y a los factores de expulsión.

   
   

Estos desafíos no pueden ser abordados únicamente por las instituciones estatales; requieren de la participación activa de la sociedad civil, de organismos internacionales y de las propias comunidades desplazadas, quienes poseen conocimientos y propuestas valiosas para enfrentar la problemática.

Conclusión

El desplazamiento forzado interno en México y Chiapas constituye una herida abierta en el tejido social y democrático del país. No se trata de un fenómeno coyuntural ni marginal, sino de una expresión extrema de la violencia estructural y de la desigualdad histórica que atraviesa a los pueblos originarios y a amplios sectores de la población rural.

El análisis permite concluir que las respuestas actuales son insuficientes y fragmentarias, al tiempo que la ausencia de una política integral perpetúa la invisibilidad y la vulnerabilidad de las personas desplazadas. En Chiapas, los desplazamientos se enlazan con una larga trayectoria de conflictos agrarios y étnicos, que requieren soluciones con enfoque intercultural y con respeto pleno a los derechos humanos.

La construcción de un marco de protección robusto, acompañado de acciones preventivas y de soluciones duraderas, resulta indispensable para garantizar justicia y reparación. Solo a través de un compromiso sostenido del Estado, de la sociedad y de la comunidad internacional será posible transformar esta realidad, restituyendo a las personas desplazadas su derecho a vivir en paz, con dignidad y en sus propios territorios.