Publicado en Avispa Media
03 de enero de 2022
Por Sare Fabres
La mañana de este lunes (3), representantes de la comunidad de Puente Madera, en el Istmo de Tehuantepec, reiteraron su exigencia para anular, debido a irregularidades, la asamblea mediante la cual se aprobó la instalación de un parque industrial en sus tierras de uso común en el monte Pitayal.
En conferencia de prensa, representantes de la Asamblea General de Puente Madera denunciaron la proliferación de paraísos industriales en México, lo cual se ha traducido en infiernos socioambientales para las poblaciones donde se imponen las actividades industriales. Como ejemplo mencionaron que solo en los dos corredores industriales más grandes del país – Toluca-Lerma, Edo. de México y Ocotlán-El Salto, Jalisco -, la población directamente expuesta a la contaminación ambiental llega a medio millón de personas.
Según los representantes de Puente Madera, el recorrido por estos infiernos socioambientales “nos da una muestra del futuro que nos espera si permitimos el proceso de industrialización que constituye el megaproyecto Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec”, aseveraron ante la idea de desarrollo que en distintas regiones del país “representa la contaminación sistemática del aire, el agua y el suelo, aunada a procesos de urbanización salvaje y a la proliferación de basureros y espacios de disposición de desechos altamente tóxicos”.
El parque industrial previsto para Puente Madera forma parte de una serie de 10 localidades que integran el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, de los cuales cuatro se encuentran en Veracruz y seis en Oaxaca.
Industrialización
Los representantes de Puente Madera resaltaron el hecho de que el gobierno federal actual está impulsando el nuevo tratado económico T-MEC “en un contexto ambiental sin precedentes para el mundo, en el que los responsables directos de la degradación medioambiental son los que nos hablan de agendas verdes e industrias sustentables”.
Detallaron que el El Plan Maestro del Corredor Interoceánico requerira inicialmente más de 15 mil hectáreas de Suelo Industrial. “Estos Parques Industriales requerirán para el primer año de su funcionamiento, proyectado para el 2023, el uso de 207 mil litros diarios de agua limpia, además de la generación de 539 mil 729 litros de aguas residuales diarias, por cada empresa a instalarse; a lo que se le suma la producción de residuos industriales y no industriales proyectados en 2 millones de toneladas anuales; así como gas y electricidad”, contextualizaron.
Hostigamiento
De acuerdo a los comuneros, aún continúa en proceso el juicio de nulidad contra la asamblea del 14 de marzo del 2021, en la cual, mediante la falsificación de firmas, se consiguió la aprobación del parque industrial. No obstante, compartieron que, a pesar de la realización de dos audiencias, la última realizada el 6 de diciembre del 2021, las autoridades responsables no han comparecido ante los tribunales.
Mientras tanto los ataques contra su organización se mantienen. En el mismo mes de la audiencia y mediante comunicado, habitantes de El Pitayal denunciaron una campaña de hostigamiento y desprestigio contra los defensores de la comunidad indígena de Puente Madera y de la Villa del municipio de San Blas Atempa. Mediante redes sociales se realizan difamaciones y señalamientos “que ponen en riesgo la integridad de los defensores de El Pitayal”.
Estos hechos sucedieron, denuncian, después de que el 16 de diciembre, durante la conferencia matutina de Andrés Manuel López Obrador, un periodista realizó cuestionamientos al presidente sobre la instalación del Polo de Desarrollo en San Blas Atempa, lo cual afecta directamente las tierras de El Pitayal, espacio de recolección de leña, madera y pastoreo de campesinas y campesinos.
A su vez, los representantes de Puente Madera denunciaron a Antonino Morales Toledo y su organización “FUCO” de la violencia política ejercida durante su gestión como presidente municipal de San Blas Atempa, así como de cualquier agresión en contra de los habitantes de Puente Madera. También responsabilizaron a los tres niveles de gobierno por el clima de violencia y división en las comunidades y en la región.
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