Publicado en Rebelión
1 de diciembre de 2021
Por Enric Llopis
Organizaciones europeas –más de 500- apoyan el recorrido por el viejo continente de las delegaciones del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y el Congreso Nacional Indígena (CNI) de México, del que forma parte el movimiento zapatista.
En el contexto de la Gira, la delegada otomí del CNI, Marisela Mejía Pérez; y el delegado rarámuri del Congreso, Francisco Palma Aguirre, visitaron el País Valenciano –entre el 22 y el 25 de noviembre- e impartieron una conferencia sobre La lucha contra los megaproyectos de muerte en México en el Centre Octubre de Valencia.
El CNI se constituyó el 12 de octubre de 1996, con el fin de ser la casa de los pueblos originarios, tribus y naciones de México. Denuncian 500 años de exterminio y que el capitalismo “se nació de la sangre de nuestros pueblos y continúa alimentándose de ella”. Se caracteriza, en su página Web, como espacio de solidaridad y reflexión para fortalecer las luchas de resistencia y rebeldía. La de los pueblos –añaden- que llevan en la sangre, en la carne y en la piel, toda la historia, sabiduría, cultura, lengua e identidad.
Entre sus siete principios, figuran “servir y no servirse”; “convencer y no vencer”; “obedecer y no mandar”; “bajar y no subir” o “proponer y no imponer”. En 2001, el CNI se sumó a la Marcha Nacional Indígena –del color de la tierra– encabezada por el Ejército Zapatista, y que llegó a la Plaza del Zócalo de Ciudad de México con la consigna “Nunca más un México sin nosotros”.
El pasado 21 de noviembre el CNI reproducía un comunicado solidario de la Unificación de Pueblos contra la Minería en el estado de Morelos; se denunciaba la “cobarde represión” y las agresiones (“golpeadores con la complicidad policial”) contra seis miembros del colectivo Pueblos Unidos en la comunidad de Santa María de Zacatepec, en el estado de Puebla (dos comunicadores populares y defensores ambientales –Alejandro Torres Cocolatl y Michel Torres- fueron detenidos por la policía municipal).
El mismo día se informaba del ataque a la población zoque del Ejido Esquipulas Guayabal (municipio de Chapultenango, Chiapas) por parte de un grupo armado, con el resultado de pobladores heridos, desaparecidos y casas quemadas; el comunicado hacía responsable al Estado y su “negligencia para resolver el conflicto agrario” en México.
Asimismo, el 21 de noviembre el CNI convocaba al Foro Nacional de las Resistencias y alternativas de los pueblos ante el capital trasnacional y la Militarización, que se celebrará los días 4 y 5 de diciembre en el Istmo de Tehuantepec (Oaxaca).
Durante su estancia en Valencia, Marisela Mejía y Francisco Palma participaron en la tertulia que siguió a la proyección del documental Remedio México, de Cucho Ramírez, en los cines Babel; la película se incluye en la programación de la XII Mostra Itinerant de Cinema i Vídeo Indígena del País Valencià, organizada por la ONG Perifèries, la Assemblea de Solidaritat amb Mèxic y la Xarxa Solidària Gira per la Vida del País Valencià. Los dos activistas fueron entrevistados en Radio Klara y La Radio i Televisió del Poble. La CGT se sumó a las acciones de apoyo.
Los dos miembros del CNI recordaron, en el Centre cultural Octubre, que se cumplen 25 años de la fundación del Congreso. Por este motivo el CNI-Concejo Indígena de Gobierno (CIG) emitió el 21 de octubre un pronunciamiento -dirigido a los pueblos del mundo- en el que se denuncian los “megaproyectos de muerte”. Así, “No queremos el Tren Maya (1.550 kilómetros por las principales regiones de la Península del Yucatán) que convierta todo el sur-sureste de nuestro país en un eslabón del capital trasnacional; en la extracción, contaminación, destrucción y despojo, en las vías y sus alrededores y en toda la región”. Por otra parte, añade el pronunciamiento, “no queremos el Corredor Transístmico, que convierta en una fábrica de energía eólica, maquilas y explotación de minerales zonas enteras desde el Océano Pacífico hasta el Golfo de México”.
Otra de los macroactuaciones denunciadas por el CNI-CIG es “el Proyecto Integral Morelos (promovido por el Gobierno de México para la generación de energía eléctrica), que atenta contra el territorio de las comunidades de Tlaxcala, Puebla y Morelos en los pueblos del volcán Popocatépetl y que reprime con la muerte a quienes cuestionan o se oponen, como el compañero Samir Flores Soberanes”.
Una de las empresas citadas en el acto de Valencia fue Acciona. En febrero esta multinacional española anunció que emprendería la construcción -en consorcio con la minera y constructora Grupo México- del Tramo 5 del Tren Maya, entre Playa del Carmen y Tulum (Riviera Maya, en el estado de Quintana Roo).
Adjudicada y valorada en 713 millones de euros, la iniciativa implica la construcción de 60 kilómetros de doble vía electrificada, e incluye un viaducto ferroviario de siete kilómetros en Playa del Carmen. En una nota informativa, Acciona relaciona la infraestructura del Tren Maya con “los más de tres millones de turistas que cada año visitan la zona”. La compañía da cuenta de otras inversiones que realiza en México: 1.300 megavatios operativos en energía eólica y fotovoltaica.
Asimismo el ejecutivo español informó, en diciembre de 2020, de que el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR) del Gobierno de México había adjudicado un contrato para el Tren Maya –de tres años por valor de 13,5 millones de euros- a un consorcio formado por Renfe; la ingeniera y consultora pública española Ineco y la alemana DB Engineering & Consulting; las adjudicatarias “prestarán apoyo durante el periodo de construcción y supervisarán la fabricación, entrega y puesta en marcha del material rodante”.
En el mismo comunicado del Consejo de Ministros español, se afirma que el Tren Maya es un “proyecto prioritario del Gobierno de México (presidido por Andrés Manuel López Obrador) para el transporte de viajeros y mercancías”.
“¡Exigimos a Iberdrola la cancelación de los parques eólicos y fotovoltaicos en México y Latinoamérica!” Es uno de los lemas utilizados por la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio; y la Coordinadora de Pueblos y Organizaciones del Estado de México en Defensa de la Tierra, el Agua y su Cultura, durante una protesta el 4 de noviembre ante las oficinas de multinacional española en Ciudad de México.
Se trataba de una acción de solidaridad con los pueblos del Istmo de Tehuantepec, contra los megaproyectos y el lavado verde, en la que los activistas denunciaron –en un escrito dirigido a los directivos de Iberdrola- “el engaño, el despojo, la destrucción y la contaminación ocasionados por sus energías mal llamadas ‘limpias’”.
En el escrito, los movimientos populares rechazaban macroiniciativas de supuesto “progreso y modernidad”, como el Corredor Interoceánico, “los Aeropuertos militarizados de Santa Lucía-Estado de México y Tulum-Quintana Roo; el Parque Urbano mal llamado ecológico en el Lago de Texcoco, por cuya ribera avanza dividiendo comunidades y ejidos la autopista Tuxpan-México, vinculada al puerto marítimo de Tuxpan-Veracruz en el Golfo de México; o la Refinería de Dos Bocas en Tabasco”.
Marisela Mejía y Francisco Palma han alertado, asimismo, sobre la situación de los defensores en México; el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) señala que 18 defensores del medio ambiente fueron asesinados durante 2020 (estos homicidios se incluyen en las agresiones -90- llevadas a término en 65 ataques diferentes). Con una perspectiva más amplia, la ONG cifra en 460 las agresiones contra personas defensoras del territorio entre enero de 2012 y diciembre de 2018.
En cuanto a la violencia perpetrada por sectores, el CEMDA destaca el forestal –principalmente respecto a las talas clandestinas- y las vías de comunicación; de hecho, la organización ha identificado ocho ataques en 2020 en relación con el Tren Maya; tres con el proyecto de la carretera en San Francisco Xochicuautla (Estado de México); y otros tres con la construcción del Puente Vehicular Xochimilco (Ciudad de México).
Tras ocho años de trabajo documental y de registro, el CEMDA constata una “violencia estructural y generalizada contra quienes defienden el patrimonio natural, la tierra y el territorio”.