Publicado en Somos el Medio
11 de enero de 2022
Por Rodrigo Haro
En conferencia de prensa el Congreso Nacional Indígena en conjunto con diversas organizaciones defensoras del medio ambiente, anunciaron el logro de la suspensión provisional del decreto de Andrés Manuel emitido el 22 de noviembre del año pasado en el Diario Oficial de la Federación.
Dicho decreto pretende blindar los proyectos estrella de la 4T como son el Tren Maya, el Corredor Transístmico y el Proyecto Integral Morelos, a los que pueblos indígenas y organizaciones defensoras del medio ambiente han opuesto resistencia.
Un abogado del Congreso Nacional indígena explico que se emitieron 17 solicitudes de amparo en los estados de Yucatán, Campeche, Quintana Roo, Veracruz, Oaxaca, Puebla, Morelos, Jalisco y la ciudad de México, de los 17 amparos solo uno fue aprobado en el estado de Puebla en el cual se otorgó la suspensión provisional del decreto.
Uno de los mandatos del decreto determinaba que los proyectos “prioritarios o estratégicos” deben aprobarse en un máximo de 5 días, de lo contrario automáticamente se otorgarían los premisos correspondientes a los solicitantes de los proyectos.
El juez que otorgó el amparo declaro que el procedimiento viola el derecho a la consulta pues en 5 días no se pueden realizar consultas libres e informadas como lo estipula el acuerdo 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Pobladores de Quintana Roo presentes en la conferencia de prensa, señalaron que la consulta realizada en 2019 para la construcción del Tren Maya también violó las normas internacionales de la OIT y que tal es la negativa de los pueblos a este megaproyecto que Andrés Manuel ha encargado la construcción del 5to tramo del tren a la Secretaría de Defensa Nacional.
Además, en marzo de 2021, el presidente Andrés Manuel declaró que las ganancias totales generadas por el Tren Maya serán propiedad del ejército, lo que diversas organizaciones de la sociedad civil señalaron como la consolidación de la militarización del sureste mexicano.
Aunado a la militarización, el decreto plantea que los proyectos prioritarios son asuntos de seguridad nacional, con lo cual dota a la SEDENA de facultades para intervenir contra los Pueblos Mayas que defienden su cultura y el medio ambiente.
Otra de las organizaciones presentes en la rueda de prensa, FUNDAR, explicó que en México existe un marco legal neoliberal que fue creado desde la reforma energética impulsada por Peña Nieto y que ahora es aprovechada por Andrés Manuel para anular la posibilidad de que los pueblos defiendan su territorio
“EL DECRETO CONSOLIDA UN RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN SOBRE LOS PUEBLOS INDÍGENAS QUE PRIORIZA LOS PROYECTOS NEOLIBERALES”
También señalaron que aunque se intente imponer megaproyectos que violen los derechos de los Pueblos Indígenas, México es firmante de convenios internacionales a través de los cuales asume compromisos ambientales y de respeto a los líderes de los Pueblos que luchan por la defensa del territorio y los ecosistemas.
El año pasado el presidente AMLO reafirmó su compromiso con el acuerdo de Eskazú donde se plantean procedimientos participativos y pluriculturales para alcanzar una “democracia ambiental”.
En contradicción con los convenios firmados, el decreto de AMLO viola todos los derechos ambientales y la autodeterminación de los Pueblos Originarios.
Según la organización Global Witness, México ocupa el segundo lugar en número de asesinatos a defensores ambientales a nivel mundial.
Las políticas que priorizan los megaproyectos son una amenaza a la vida misma de miles de hombres y mujeres que defienden la riqueza cultural y biológica de nuestro país.