El Congreso Nacional Indígena necesita fortalecerse y renovarse a 30 años de su fundación: Carlos González
Publicado en Desinformémonos
10 de octubre de 2026
Texto por Carlos González
Foto: Gerardo Magallón
En una larga entrevista con Desinformémonos y Ojarasca, Carlos González, abogado agrario, defensor del territorio e integrante fundador del Congreso Nacional Indígena (CNI), recorre la historia de la red de pueblos originarios que este 12 de octubre cumple 30 años de haber sido fundada al calor y con el impulso de la lucha zapatista. González repasa tres décadas del movimiento indígena, las traiciones, la organización y desafíos actuales CNI, las leyes indígenas anteriores y actuales, las guerras de exterminio, el papel de Estados Unidos y el movimiento de pueblos originarios de cara a su próxima asamblea.
Nace el Congreso Nacional Indígena (CNI)
La circunstancia en la que surge el Congreso Nacional Indígena se explica a partir de dos procesos importantes. El primero es un proceso de mediano aliento que tiene que ver con el resurgimiento, desde finales de los años 60 y mediados de los 70 y 80, del movimiento indígena en México. Este proceso de surgimiento, de constitución de un movimiento indígena independiente al Estado, fue lento, dado en un inicio por los profesores y técnicos bilingües, indígenas, que posteriormente dio pie al surgimiento de disensos en el seno de los congresos indígenas que organizó Luis Echeverría. Ahí confluyeron dirigentes y corrientes críticas importantes.
Tenemos los casos de Juan Chávez Alonso, del pueblo purépecha, o de los dirigentes de Milpa Alta, específicamente los comuneros organizados que habrían sido anfitriones en 1979 de la asamblea constitutiva de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala. Hubo otros dirigentes importantes como Rafael García, del pueblo tohono o’odham, que hasta la fecha es concejal del CNI, o Pedro de Haro, del pueblo wixárika.
En los años 80 se seguirán consolidando procesos organizativos de los pueblos indígenas que van a confluir, por primera vez de una manera vigorosa y con mucha visibilidad, con el quinto centenario del inicio de la invasión europea en América, que los gobiernos de España y de América Latina llamaron el «encuentro de dos mundos». El centenario de esta prolongada guerra en contra de los pueblos originarios generará muchísimo descontento en los pueblos originarios de todo el continente y llevará a que finalmente en México deje de festejarse el día 12 de octubre como el Día de la Raza. Los pueblos lograron imponer un discurso nuevo, diferente al que se había manejado desde el poder a lo largo de siglos en torno al 12 de octubre, y explicarlo como lo que fue: el inicio de una gran masacre, del mayor genocidio que ha existido en la historia de la humanidad.
Cruzando diversas cifras demográficas, estamos hablando de que alrededor de 90 millones de seres humanos, tal vez menos, tal vez más, murieron en este proceso de invasión y de conquista. Los pueblos originarios de México y del continente no tenían absolutamente nada que festejar. Y a la par que se dio este proceso de ruptura y de choque con los discursos del Estado, se fueron conformando organizaciones y procesos organizativos importantes dentro de los pueblos originarios que son independientes del Estado y críticos de las políticas indigenistas e integracionistas que el Estado mexicano manejaba desde que había concluido la Revolución.
Antes de la Revolución, lo que existían eran políticas de exterminio físico, sobre todo en la segunda mitad del siglo XIX. Con el triunfo de la Revolución mexicana y la conformación de nuevas instituciones, entre ellas el Instituto Nacional Indigenista, se prolongará este proceso y estas políticas de exterminio, pero mediante la integración y la asimilación, como lo explicará cínicamente Gonzalo Aguirre Beltrán con un discurso marxista, diciendo que había que integrar a los pueblos, sacarlos del aislamiento para incorporarlos al proletariado.
A partir de los congresos indígenas que Luis Echeverría promovió en un inicio, los procesos de los 80 y los movimientos y organizaciones que confluyen en el quinto centenario del inicio de la invasión europea, se consolidará un planteamiento crítico y de rechazo a las políticas indigenistas. También estuvo el congreso de 1974, organizado por la diócesis encabezada por Samuel Ruíz, que se dio en el sexenio de Echeverría pero no fue auspiciado por el gobierno.
En los congresos que auspició Echeverría intentaron organizar al sector indígena, que siempre estaba absorbido en el campesino. Los primeros congresos fueron organizados con la Confederación Nacional Campesina (CNC). Ahí surgió el rechazo a la imposición gubernamental, a la intromisión del gobierno en los espacios, y es cuando abandonaron los congresos.
Los 500 años y el levantamiento del EZLN
Llegamos a 1992 con este proceso y en 1994, el 1 de enero, se da el levantamiento zapatista y cambia totalmente la condición de los pueblos indígenas en este país. El levantamiento es muy fuerte, muy poderoso. Recuerdo un artículo de Hermann Bellinghausen en Ojarasca, en el que habla de la «extinción» de los pueblos originarios que, dice él, en realidad era una invisibilización que se estaba haciendo desde el Estado, que cada año manejaba cifras en las que disminuía la población indígena. De 1993 a 1994 se hablaba de cinco millones, con una política de Estado tendiente a invisibilizar y a desaparecer la presencia indígena en el país. Es el zapatismo el que hizo que los pueblos resurgieran con toda su fuerza.
Cuando el Ejército Zapatista de Liberación Nacional empezó a dialogar con representantes del Estado mexicano y se dieron los Diálogos de San Andrés en 1995, les da la voz a representantes de pueblos originarios de todo el país. Se construye lo que serán los Acuerdos de San Andrés para reformar la Constitución e iniciar una transformación del Estado mexicano con el fin de que los pueblos indígenas sean reconocidos en plena igualdad con los otros sectores de la población, y con los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución y disposiciones legales que deriven de ella.
Esto se dio por primera vez en la historia de nuestro país y es en esa circunstancia en la que surge el CNI. En este proceso el EZLN convoca a un Foro Nacional Indígena en enero de 1996 y un mes después se suscriben los Acuerdos de San Andrés, el 16 de febrero de 1996. Desde el foro de enero se plantea la necesidad de conformar un espacio unitario de los pueblos para luchar por el reconocimiento de sus derechos y fortalecer sus procesos de organización propios. En junio de ese año se dio un segundo foro que desembocó en la formación y fundación del Congreso Nacional Indígena, con la participación significativa del EZLN, que es el que empuja el proceso con los Diálogos de San Andrés y los dos foros indígenas, con la suscripción de los Acuerdos de San Andrés y con la participación muy significativa de la Comandanta Ramona en la fundación, que fue entre el 9 y 12 de octubre de 1996.
La Comandanta Ramona, una figura más que simbólica en la fundación del CNI
La Comandanta Ramona tuvo un peso fundamental por ser zapatista y por ser mujer indígena. Ella será el elemento fundamental que explica y representa todo el proceso que está naciendo.
El podio en el acto fundacional de hace 30 años, quiénes estaban y qué representaban
El podio en la asamblea de hace 30 años representa en buena medida el proceso que se venía incubando desde finales de los 60. Vemos figuras de mucha relevancia para el movimiento indígena desde los años 60, como don Juan Chávez Alonso, principal del pueblo purépecha, o figuras del movimiento campesino de raíz indígena como Evita Castañeda y como Efrén Capiz, fundador de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala y de la Unión de Comuneros Emiliano Zapata; incluso personajes de talla histórica como el jaramillista Félix Serdán, o figuras que están emergiendo en ese momento como parte de ese proceso, como María de Jesús Patricio, Marichuy, quien se convertirá años después en la vocera del Concejo Indigena de Gobierno. O Adelfo Regino, quien llega a los Diálogos de San Andrés en una forma accidental, porque había fallecido de una manera repentina Floriberto Díaz, fundador de Servicios del Pueblo Mixe y voz fundamental del surgimiento y fortalecimiento del movimiento indígena. Floriberto Díaz tendrá una participación muy relevante en la crítica a las políticas indigenistas y de integración cultural que se venían imponiendo desde los años 20 y 30 del siglo pasado en este país, y que tenían como finalidad exterminar a los pueblos. Díaz tuvo la capacidad y la fuerza para criticar el discurso, pero además plantea la alternativa. Será uno de los principales constructores y teóricos sintetizadores de la comunalidad, que es una crítica significativa de las políticas indigenistas del estado mexicano, y que estará en el eje de los Acuerdos de San Andrés.
La traición a los Acuerdos de San Andrés y el proceso consecuente (1996-2001)
En la etapa inicial del CNI se tiene como planteamiento central el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas a nivel constitucional y legal. Las iniciativas y las salidas de los compañeros y compañeras zapatistas al país, el Segundo Congreso Nacional Indígena, la Marcha del Color de la Tierra y el Tercer Congreso Nacional Indígena, en Nurío, estarán orientados en esa perspectiva. Buscaban presionar para que se cumplieran los Acuerdos de San Andrés suscritos por el EZLN y diversos representantes de las cámaras legislativas, del ejecutivo federal y del ejecutivo de Chiapas.
La disputa principal será incorporar los Acuerdos de San Andrés a la Constitución de acuerdo a un texto que elaboró una comisión de diputados y senadores, que era la Comisión de Concordia y Pacificación (Cocopa), que pretendía ser la traducción a un lenguaje legal de los Acuerdos.
Los Acuerdos de San Andrés
Los Acuerdos de San Andrés plantean el reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas y de sus derechos fundamentales, que son los derechos al territorio y a la autonomía. Es un planteamiento de reconocimiento inicial, era la primera de varias mesas, que es algo que no dice el gobierno. Los Acuerdos eran una propuesta inicial e incompleta. Dentro de las mesas y de las temáticas futuras estaba el tema fundamental del artículo 27 constitucional, que explica muchas de las limitantes de la reforma constitucional del 30 de septiembre de 2024 y en consecuencia de la actual propuesta de iniciativa de Ley.
Planteaban el reconocimiento de los derechos territoriales y del acceso colectivo que debían tener los pueblos a los recursos que se encuentran en los territorios. Es un elemento que hasta el día de hoy está desaparecido de la Constitución y de las leyes, y se frenó en el 2001 porque este reconocimiento del territorio y del acceso a los recursos naturales limitaría los procesos de despojo, que son tan marcados contra los pueblos.
Pasándonos al momento de la traición, esto llevará a que las cúpulas empresariales, el Consejo Coordinador Empresarial, la Coordinadora Patronal de la República Mexicana y los elementos más reaccionarios de la política nacional, y se dice que incluso las cúpulas militares, se opondrán a los Acuerdos, en gran medida por esta cuestión.
El segundo elemento importante de los Acuerdos para que se articulara el reconocimiento y se desplegara la autonomía de los pueblos era también su reconocimiento como sujetos de derecho público, es decir como partes integrantes del Estado mexicano, con capacidad para gobernarse y para que se les asigne presupuesto. Aquí también se plantea su capacidad asociativa, la de comunidades con comunidades, comunidades con municipios de mayoría indígena y municipios con municipios, en una perspectiva de permitir la reconstitución de los pueblos originarios que habían sido fragmentados por el proceso de conquista.
Estos serán los elementos torales junto con otorgar representación política. Los Acuerdos planteaban entonces el reconocimiento de los derechos territoriales de los pueblos, el reconocimiento de los pueblos como sujetos de derecho público con capacidad de gobernarse y administrar presupuesto fiscal, así como con capacidad de asociarse; y la representación política en las diversas esferas de este país, local, municipal, estatal y federal.
Los Acuerdos chocaban con las disposiciones legales neoliberales que se estaban impulsando en ese momento y que están todavía vigentes, que eran la contrarreforma agraria, la Ley de Aguas Nacionales y el Tratado de Libre Comercio. Los Acuerdos eran un obstáculo para los procesos capitalistas de despojo, lo que llevó a que la cámaras empresariales presionaran para que no fueran incorporados a la Constitución, y usaron el discurso gastado de que podía generarse la fragmentación, la «balcanización», del país.
En aquel momento los zapatistas dijeron que lo que ocurrió al no incorporarse los Acuerdos sería una pesadilla a futuro, y es lo que estamos viviendo. El país está fragmentado, destruido, despedazado, y no fue por los Acuerdos de San Andrés ni por la lucha de los pueblos indígenas ni por la autonomía.
La organización en los pueblos
El fortalecimiento de los procesos de organización de los pueblos fue empujado por el levantamiento zapatista. El levantamiento, la guerra que declaran al Estado mexicano y la forma en la que lo hacen, y en la que también empiezan a dialogar, empuja de manera significativa la organización y la reconstitución de los pueblos originarios del país frente a la invisibilización. Este país es uno de los más racistas y los procesos de exclusión y discriminación a nivel del Estado y la sociedad tienden a empujar a la invisibilización de los pueblos. En este contexto, el levantamiento zapatista provoca una emergencia de los pueblos originarios, un retorno a su organización política, a su reconstitución cultural, la de sus lenguas, será algo fundamental que modificará el curso de los acontecimientos como parecía que los tenían programados los que gobiernan este mundo y este país, quienes tienen el poder económico y político. Ellos tenían programado el exterminio de los pueblos originarios y el levantamiento zapatista provoca que los pueblos emerjan con fuerza, con protagonismo, y empiecen a generar procesos de reconstitución en todos los ámbitos de su vida independientemente de los reconocimientos buenos o malos que se pudieran dar en la Constitución y las leyes del país.
La marcha del color de la tierra, el triunfo de la visibilización impulsada por el zapatismo
Serán fundamentales el recorrido de la Marcha del Color de la Tierra y su impacto en la sociedad y en puntos geográficos del país. Llegó a Oaxaca con mucha contundencia, al Istmo, a los Valles, a Tehuacán, a Veracruz. El Tercer Congreso Nacional Indígena en Nurío, al paso de la marcha, tendrá una gran fuerza y una contundencia, tanta que no ha habido otra asamblea indígena con esas características y esa representatividad en este país. Más de 3 mil 500 delegados y delegadas de 42 pueblos indígenas, participando y exigiendo el reconocimiento de los derechos de sus pueblos en la Constitución y la transformación radical del Estado y la sociedad para que se reconozcan.
El tercer momento de esa movilización es la llegada a la Cámara de Diputados, donde intervinieron tres compañeros de la comandancia general del EZLN, entre ellos la Comandante Esther, Zebedeo y David. Por el lado del CNI, intervinieron Juan Chávez, María de Jesús Patricio y Adelfo Regino.
El 28 de abril de ese mismo año vendrá una reforma impactante porque no tiene nada que ver con los Acuerdos, que quedarán fuera de la reforma constitucional. El solo hecho de la reforma es la expresión apabullante de un país que sigue siendo racista y empeñado en no reconocer el menor derecho a sus pueblos originarios, y será con el concurso e intervención de todos los partidos políticos representados en el Congreso de la Unión, de los congresos de los estados, del ejecutivo federal que refrendará el decreto publicándolo en el Diario Oficial, y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, validando la reforma y declarando improcedentes los recursos interpuestos, como amparos indirectos, controversias constitucionales, y a partir de un criterio que crea para el caso la ministra Olga Sánchez Cordero, que dirá que el constituyente permanente es inatacable. Así se determina que el proceso de reforma no es atacable porque ahí estaba depositada la soberanía del pueblo, pero obvio sabemos que no es así.
Esto desatará una nueva etapa del Congreso Nacional Indígena, que hasta ese momento había tenido como eje central el reconocimiento de los derechos fundamentales de los pueblos y la incorporación de los Acuerdos de San Andrés en la Constitución. Después de la traición la determinación que se toma en la octava asamblea del CNI, realizada en noviembre del 2001, es que ya no es objetivo del Congreso luchar por el reconocimiento y la incorporación de los derechos de los pueblos originarios a la Constitución, sino hacer el ejercicio de esos derechos por la vía de los hechos, sin pedir permiso y sin estar esperando el reconocimiento que habíamos observado que no iba a llegar, porque los que tenían el poder político y económico en el mundo no lo iban a permitir.
Lo que planteó el CNI, lo planteará el EZLN de una manera mucho más fuerte y radical, que se va a expresar en agosto de 2003 con la formación de las Juntas de Buen Gobierno y los Caracoles zapatistas. Cuando los zapatistas dan a conocer la formación de las JBG y los Caracoles, ese mismo día se está realizando una asamblea del CNI en Bancos de San Hipólito, Durango, y se reconoce a su autoridad agraria autónoma. Vienen entonces un montón de procesos similares.
Escalan los ataques a los territorios
Toda la ofensiva neoliberal con la reforma al artículo 27 constitucional, la promulgación de las leyes agraria y de aguas nacionales, la suscripción del TLC, seguirá consolidándose a partir de la reforma en materia indígena del 2001. La parte indígena sale del artículo cuarto constitucional y queda en el artículo segundo, y a partir de la reforma viene una andanada de leyes y reformas legales para posibilitar, propulsar y profundizar el despojo hacia los pueblos. Vino la nueva ley minera, que es reflejo de la reforma; la ley de bioseguridad; la nueva ley forestal; las reformas a la ley de bienes nacionales, vendrá toda una andanada.
La respuesta del CNI
La respuesta de los pueblos no es uniforme. Después de que no son incorporados los Acuerdos a la Constitución, viene un reflujo del CNI y del movimiento indígena. El CNI mantiene su permanencia y continuidad por la región centro-pacífico, por Jalisco, Michoacán y se va hasta la Península de Yucatán o el norte del país por momentos. En este proceso confluyen los movimientos y comunidades que resisten y se oponen al despojo de sus territorios y cultura.
En el caso de otras comunidades, también lo harán fuera del CNI, pero en términos generales los pueblos tratan de reaccionar, y sí responden frente al despojo. Donde el despojo se impone es porque hay procesos represivos cruentos, no porque los pueblos lo hayan permitido. No se impone una minera, un aeropuerto, una autopista, porque los pueblos lo hayan negociado o aceptado, sino muchas veces por traición de sus representantes y por el uso de la represión. Está el caso de San Salvador Atenco, que tiene una lucha muy importante que logró frenar el aeropuerto, pero en 2006 la respuesta del Estado fue fulminante y los reprimió de modo muy violento. Murieron compañeros, los principales dirigentes cayeron en la cárcel, las mujeres fueron violentadas.
La Sexta Declaración de la Selva Lacandona
En junio de 2005 el EZLN emite la Sexta Declaración de la Selva Lacandona, donde se define de manera clara como anticapitalista. Explica en esta declaración cómo funciona el capitalismo, cuáles son las ruedas que lo hacen moverse (la explotación, el despojo, el desprecio y la represión). Esta sexta declaración empieza a ser estudiada en las comunidades y el CNI, y en el contexto tan grave de la represión a Atenco y de la Otra Campaña se da el cuarto Congreso Nacional Indígena en la comunidad hñähñu de San Pedro Atlapulco, en Ocoyoacac, el 6 de mayo de 2006. En esa asamblea el CNI asume y suscribe la Sexta Declaración, se asume como anticapitalista y asume que será imposible que haya un reconocimiento mínimo de derechos de los pueblos originarios a nivel constitucional y legal en el marco del actual sistema.
El derecho de los pueblos a la autodefensa
Después vendrán años muy difíciles para el movimiento indígena en el país. Habrá un momento culminante de todo este proceso de destrucción, que es el de Santa María Ostula. En Ostula se reunirá una asamblea del CNI y emitirá un pronunciamiento muy significativo y con impacto en junio de 2009, que es el del derecho a la autodefensa indígena, y después vendrá un oscurecimiento terrible en prácticamente todo el país. En 2011 se da el levantamiento de Cherán, que generará un proceso distinto al que plantean el CNI y los zapatistas, pero muy importante. Vendrá un proceso también muy complejo de represión desde el Estado y sobre todo desde los cárteles en asociación con instituciones y funcionarios, como García Luna.
Este tipo de eventos en buena parte del país generó un repliegue. En Cherán desde hace varios años, platicaban cómo les habían desaparecido al comisariado de bienes comunales, al que le siguió, que mataron a otro, y que los delincuentes se venían comiendo el bosque. Esto llevó al levantamiento de Cherán, que es una comunidad muy significativa para el pueblo purépecha por su ubicación geográfica, por su población tan grande, por ser cabecera municipal, por sus antecedentes de lucha y resistencia.
Durante años, a Cherán lo quisieron meter a un cauce institucional que lo llevó a una crisis muy fuerte. Impusieron a Cherán la organización municipal después de eregirlo en municipio en la segunda mitad del siglo XIX, y fue el centro de las políticas indigenistas posrevolucionarias en la región. El levantamiento tiene un contenido histórico porque rompe con décadas, no sólo con los años en los que el crimen organizado se entronizó en la comunidad, sino con todo el proceso de largo aliento que hubo después de la Revolución.
En muchas partes el crimen organizado campeaba, mandaba, decidía. El gobierno estaba claramente de su lado, como ahora. Había ya diversos megaproyectos mineros, hidráulicos, cosas que permeaban en los pueblos y al mismo tiempo, o de la mano, crecía la presencia del crimen organizado.
Esto llevó a que la continuidad que tenía la región centro-pacífico del CNI se desmorone. Ya no se hacen más asambleas. Hubo una en Nurío bastante mala y terrible, en la cual no participó ninguna autoridad de la comunidad.
El CNI quedó extenuado y en diciembre de 2012 emergen los zapatistas, que emitieron un comunicado y se hizo la Marcha del Silencio en San Cristóbal. En enero del año siguiente nos invitan a que intentemos reorganizar al CNI, entonces buscamos nexos de los pueblos y comunidades que habían venido participando, también de los que no participaban, y se organizó la cátedra Juan Chávez.
El CNI se reorganiza y nace el Concejo Indígena de Gobierno
Ya estaba profundizado todo el proceso de guerra y despojo y se hizo un recuento. En 2014 hubo una compartición con los compañeros zapatistas en La Realidad, que duró una semana, y en 2016, en el marco del 20 aniversario del CNI, los compañeros zapatistas nos proponen la posibilidad de intervenir en el proceso electoral mediante un Consejo Indígena de Gobierno con una vocera que pueda ser propuesta a la presidencia de la República, no con un fin electoral sino con el propósito de visibilizar a los pueblos indígenas y su problemática.
Los planteamientos y los objetivos se fueron modelando en reuniones en el marco de ese aniversario, y se determinó que es importante retomar la propuesta con seriedad, que era una posibilidad de visibilizar de nuevo a los pueblos originarios, poner en la agenda política nacional la cuestión del los pueblos, y aprovechar también para generar alianzas con otros pueblos y sectores de la sociedad nacional e internacional.
Desembocamos en el quinto Congreso Nacional Indígena, que comienza en San Cristóbal de las Cosas y concluye en el Caracol de Oventik, a finales de diciembre de 2016 y principios de enero de 2017. Se tomó la decisión de conformar el Concejo Indígena de Gobierno y en la siguiente asamblea se nombró a quien lo representaría. Fue un proceso organizativo fuerte que generó interés entre los pueblos, si bien no pocos estaban confundidos. En general hubo entusiasmo y llegó la asamblea de mayo, donde se nombró a María de Jesús Patricio como vocera del CIG.
Aquí inició una nueva etapa para el CNI, que incorpora en la discusión y sus planteamientos la cuestión antipatriarcal. Las mujeres empiezan a tener más participación y más protagonismo en la vida interna del CNI. La campaña e intervención que se tuvo en la vida pública del país dio un impulso a la lucha de las compañeras en sus comunidades y a la lucha de las mujeres. Creo que incluso la idea que tuvieron los compas ha llevado a que la presidenta ande vestida todo el tiempo con ropas de los pueblos, e incluso que hayan propuesto una mujer. Nosotros no teníamos los medios tecnológicos ni económicos para alcanzar el número de firmas que se requerían para registrar a la candidata, pero lo que se alcanzó a hacer fue importante.
El CNI en los ocho años de la «Cuarta Transformación»
La llamada Cuarta Transformación en términos de pueblos indígenas y de políticas hacia los pueblos indígenas es la continuidad de todas las políticas indigenistas e integracionistas que habían empezado a ser combatidas a finales de los años 60. Todas estas políticas no sólo continúan sino que además toman auge, toman mayor relevancia. La veta folklórica de Luis Echeverría renace en el presidente de la República en 2018, el uso folklórico de los símbolos, de las lenguas, del vestido; el uso político faccioso de éstos, de las ceremonias, para engrandecer el poder y para dar un disfraz a las políticas de despojo con un aparente respeto hacia los pueblos es sorprendente.
Todas las políticas que han combatido tanto el movimiento indígena, el CNI y sus precursores, como Floriberto Díaz, tomaron auge con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, con sus megaproyectos y con sus programas sociales. El despliegue de los programas sociales en un país de pobres generó un debilitamiento en el CNI en varios pueblos que se alejaron del discurso radical y de crítica hacia las políticas y los megaproyectos, y se aproximaron de modo clientelar a los programas de la 4T, que permitirán que se concreten proyectos como el Tren Maya o el Interoceánico, que ha tenido más resistencia.
Han habido resistencias importantes a los megaproyectos y también criminalización importante. Eso le ha tocado vivir al movimiento indígena, a los pueblos y al CNI. Por un lado, la profundización de las políticas indigenistas. Por el otro, la profundización del despojo y de la militarización como parte del mismo proceso. El despojo a través de megaproyectos, militarización y militarismo, entendiendo este último como la intervención de las fuerzas castrenses en la vida económica del país y en el proceso de acumulación capitalista. La Secretaría de Marina controla los puertos y las aduanas en el país, y eso no ocurría antes. Al ejército se le entregaron dos grandes proyectos, el Tren Maya y el Aeropuerto de Santa Lucía. A la Marina se le entregó el corredor interoceánico, y todo esto tiene que ver con acuerdos que existen con Estados Unidos.
Las cúpulas militares de nuestro país siempre han sido dóciles a Washington, y a éste le genera certeza el hecho de que los militares estén llevando proyectos que son estratégicos para Estados Unidos más que para México, y que además suponen un reordenamiento de los territorios, de las poblaciones y de las fronteras, que es importante para frenar el flujo migratorio de Centroamérica a Estados Unidos. El mismo Plan Nacional de Desarrollo 2018-2024 señalaba al Corredor Interoceánico como un muro para frenar el flujo migratorio.
La guerra contra los pueblos
El marco de todo esto es una gran guerra que se vive a nivel mundial. No podemos desligarnos de lo que pasa en el mundo, en Palestina, en Irán, en Nigeria, en todo el continente africano, en Ecuador, en Bolivia, Colombia, Venezuela. Hay una gran guerra de quienes tienen el poder económico y político, y en nuestro país la militarización refleja esa guerra, y el hecho de que buena parte de la vida de este país está intervenida por cárteles criminales. Y los gobiernos enteros en no pocos estados están en combinación con los intereses de estos cárteles criminales, como Guerrero, Michoacán, Chihuahua, Nayarit, Colima, Oaxaca, Chiapas. La brutal cifra de asesinados, aunque supuestamente haya bajado en un 49 por ciento, es altísima, igual que la de desaparecidos, que es mayor a 135 mil. Son cifras de un país con una guerra profunda, no menor.
La cuestión de los desaparecidos toma un cariz muy importante. Es algo que no está siendo debidamente atendido por los gobiernos, y que incluso los gobiernos se convierten en cómplices absolutos de esa situación. Todavía hace unos días la presidenta recalcó que ya los militares no tenían nada que aportar en el caso de Ayotzinapa.
En este país en guerra los grupos y las élites que tienen el poder están imponiendo la brutalidad.
Ataques a los defensores del territorio
Un elemento central de esta guerra es el despojo a los pueblos originarios que están resistiendo. Pasa entonces el asesinato calculado y frío de Samir Flores y de tantos más, la desaparición de Ricardo Lagunes, los asesinatos en Ostula, en Chinicuila, en Guerrero, donde sólo el Cipog cuenta ya con 87 compañeros asesinados y 26 desaparecidos. Está lo que pasa en Chiapas, tan dramático en la frontera. Los desplazamientos de población indígena en Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Jalisco, Sinaloa, Nayarit, Chihuahua.
Poblaciones enteras desplazadas en la región de Huajicori, en Nayarit, o en diversas regiones de la Sierra Tarahumara, en la frontera de Chiapas con Guatemala, en la costa y sierra de Michoacán. Los ataques y muertes a Ostula, que son desconocidos por el gobierno del estado porque no ha querido asumir los mecanismos de reconocimiento que están establecidos en la legislación local. Están los ataques a las guardias comunitarias en la sierra, en la meseta purépecha, en Acachuén, Sevina.
Los presos que tenemos nos preocupan de una manera muy especial. El compañero Francisco Moreno, preso en Chiapas; los compañeros del Cipog, Jesús Plácido y Sixto Mendoza; los presos y perseguidos de Eloxochitlán de Flores Magón, en Oaxaca. Es la circunstancia en la que estamos como país y como pueblos originarios, y es la circunstancia en la que el CNI va a conmemorar su 30 aniversario.
La iniciativa de reforma constitucional en materia indígena
La reforma constitucional de 2024 es muy significativa por lo que no contiene, que es de nuevo la parte territorial. No se habla de territorios, sino de lugares, como se puso en el 2001. Esa gran omisión de la reforma, acompañada de un marco legal neoliberal hace imposibles los derechos más fundamentales y su ejercicio.
Se habla del derecho de los pueblos al agua, y en seguida dicen que esos derechos se ejercerán en concordancia con la legislación vigente. ¿Pero, entonces, cuáles derechos si la legislación vigente no reconoce ningún derecho, sino que al contrario privatiza y despoja las aguas de los pueblos? Luego dice que hay derecho a la propiedad comunal tradicional, que es importante, pero dicen que es en el marco de las leyes vigentes, entonces ya te chingaron, porque las leyes vigentes son contrarias al ejercicio de los derechos por parte de los pueblos.
Autoadscripción y catálogo de los pueblos
Ya en la actual propuesta de iniciativa de ley reglamentaria del 2 constitucional hay una limitante en lo que refiere a la autoadscripción y la autonomía, porque hay un artículo que de algún modo orienta toda la propuesta. El artículo 33 dice que los pueblos indígenas tienen derecho a la libre determinación y que en virtud de ese derecho determinan libremente su condición política y proveen su desarrollo económico, social y cultural. Luego dice que puedes disponer de tus recursos salvo los que corresponden a las áreas estratégicas de la Nación, limitante que no es nueva, que se origina desde la reforma constitucional de 2001. Pero luego, el artículo 40 dice que el derecho a la autonomía y autogobierno será ejercido por los pueblos y comunidades en los ámbitos siguientes: comunidad indígena en su carácter de sujeto de derecho público en los términos establecidos en la ley, y estos implican todo un procedimiento. Justo ahí está la limitante orientadora de toda la propuesta, misma que llega a ser inconstitucional, inconvencional e intervencionista de la vida interna de los pueblos y comunidades. La comunidad wixárika de San Sebastián Teponahuaxtlán y su anexo Tuxpan, por ejemplo, es autónoma, su asamblea es un gobierno que decide y no tienen que pedir permiso a nadie; y ahora la ley les dice que tienen que seguir un procedimiento para que puedan ejercer el derecho que han ejercido toda la vida. La propuesta confunde la libre determinación y autonomía, que no son otra cosa que el derecho inalienable de los pueblos a la libertad, con la constitución de los pueblos y comunidades como sujetos de derecho público.
Esta cuestión orienta el cómo se condiciona la autonomía y se reglamenta, y una parte fundamental es que, al ser reconocido, al pasar por este mecanismo de sujeto de derecho público, te incorporan a un catálogo. El catálogo ya existe, son 16 mil y tantas comunidades, pero no estaba así, en un principio decían que el catálogo no condicionaba derechos. Sin embrago, Ostula no se quiso incorporar en un principio, pero después no le querían pavimentar caminos porque le decían que tenía que estar en el catalogo para recibir recursos fiscales. Así ha ocurrido con muchas comunidades. El catálogo es parte del condicionamiento de la autonomía, porque finalmente el principio de autoadscripción es fundamental para el ejercicio de esa autonomía. Si a esta parte agregamos la cuestión territorial entonces tenemos una ley que, aun cuando reconoce derechos, escatima cuestiones fundamentales que pueden volver ilusorios esos derechos.
Del mismo modo, la parte de patrimonio cultural es una reglamentación no para proteger derechos sino para mercantilizar cultura e intervenir en decisiones y atribuciones que son exclusivas de los pueblos y comunidades; y el capítulo relativo a la consulta indígena pone en las manos del Estado la decisión de si es necesaria o no la consulta, ocurriendo que generalmente la materia de la consulta son medidas legislativas y administrativas del propio Estado.
CNI, los desafíos
El CNI necesita fortalecerse internamente, reglamentarse con más decisión, renovar sus espacios de coordinación, ampliar su presencia en los pueblos originarios y en las luchas de los pueblos, y buscar alianzas más allá de los pueblos y de sus aliados tradicionales, con todos los movimientos que están resistiendo y que están de frente en esta guerra. Ese es el reto para este 30 aniversario.
Treinta años son muchos y la renovación tiene que darse. Los que hemos participado activamente tenemos que dar paso a lo anterior. Esta asamblea es importante para eso, para empezar a hacernos a un lado y que los jóvenes, que son muchos, afortunadamente, empiecen a tomar la conducción del proceso. Las mujeres por su parte han ido tomando relevancia, aunque hace todavía falta que tengan mucha más participación. Es un reto de esta asamblea renovarse en sus instancias de coordinación, no de decisión, porque esa es la asamblea misma, y darle mayor periodicidad, generando mayor participación de la base de las comunidades y ampliándola.
A lo largo de 30 años ha habido incorporación de nuevos y nuevas compañeras, otros que se han retirado, pero es el momento de dar la participación a las nuevas generaciones y dar mayor reglamentación en cuanto a su vida interna, la periodicidad de las asambleas, cuidar que los principios se cumplan.
