Investigación activista en torno a la desaparición en México

Publicado en A dónde van los desaparecidos

29 de septiembre de 2025

Por Aída Hernández

El auge de investigaciones sobre desapariciones en México plantea dilemas éticos sobre la distancia entre academia y colectivos afectados, al tiempo que enfrenta cuestionamientos sobre su compromiso, accesibilidad y utilidad social.

R. Aída Hernández Castillo/LAJUVI-CIESAS (columnista invitada del GIASF)*

A raíz de la crisis de derechos humanos que vivimos actualmente en México, con más de 130 mil personas desaparecidas según cifras oficiales, las investigaciones en torno al tema desde las ciencias sociales y forenses han aumentado considerablemente: tesis de licenciatura, maestría y doctorado, así como investigaciones individuales o colectivas sobre el tema, se pueden encontrar en las bases de datos de las bibliotecas universitarias o en los listados de publicaciones elaborados por los programas de inteligencia artificial. Sin embargo, no todos estos trabajos son producto de investigaciones de campo que partan de un compromiso de largo aliento con los colectivos y organizaciones de la sociedad civil que ponen el cuerpo en la búsqueda. La publicación de libros elaborados a larga distancia, en idiomas que no son accesibles para los y las personas cuyas realidades se describen, libros caros y de difícil acceso para quienes ven sus vidas representadas en esos textos, ponen en la mesa los dilemas éticos y políticos de la escritura académica en torno al sufrimiento social. 

Al igual que los pueblos indígenas y otros movimientos sociales en el pasado, las organizaciones de familiares de personas desaparecidas se han negado a ser solo “objetos de estudio” de la academia, exigiendo un compromiso ético y político por parte de los y las investigadoras, con sus luchas en contra la desaparición forzada. 

No existe por parte de los colectivos de búsqueda un rechazo a la investigación per-se, sino a aquella que el antropólogo franco-chiapaneco, Andrés Aubry definió como “extractivismo académico”, en donde los hallazgos de las personas que investigan nunca regresan a los actores sociales con quienes se trabaja. Paralelamente, los colectivos de búsqueda, han hecho un llamado de atención a las instituciones de investigación y educación superior, para que pongan sus recursos humanos y materiales al servicio de las organizaciones que trabajan por los derechos humanos y por encontrar a los miles de personas que nos hacen falta. 

Podríamos decir inclusive que un rasgo distintivo del contexto mexicano es la relación que los colectivos de familiares en búsqueda han establecido con la academia, a la que han interpelado con demandas específicas relacionadas con la investigación social y forense sobre la desaparición de personas. Los procesos organizativos de las y los familiares de personas desaparecidas y la conciencia política que ha surgido a partir de la articulación colectiva de sus luchas, ha influido en que demanden de manera directa a la academia, demandando un mayor compromiso político con sus luchas, Literalmente, han tocado a las puertas de nuestras instituciones para plantear la necesidad de que los recursos públicos de investigación se utilicen para responder a la crisis de derechos humanos que existe en el país. También instituciones privadas, como la Universidad Iberoamericana —fundada por la orden católica jesuita—, han establecido convenios formales e informales de colaboración con los colectivos de búsqueda.[2] 

Este reclamo de que la investigación contribuya a las necesidades de búsqueda, capacitación y documentación de los colectivos nos ha forzado a incursionar en nuevos campos de investigación y a crear grupos de investigación interdisciplinarios para apoyar los procesos de búsqueda y capacitación. Un ejemplo de la unión de investigación que busca generar en la búsqueda y en contextos de violencias, lo constituye el Grupo de Investigaciones en Antropología Social y Forense (GIASF).[3] Varias universidades han abierto nuevas licenciaturas y escuelas en ciencias forenses, seguridad ciudadana y estudios de paz, [4] así como programas de investigación específicos en torno a los temas de desaparición de personas y violencias extremas.[5]

En este contexto, la investigación socialmente comprometida o activista no es solo una opción metodológica o una concesión ético-política de quienes trabajamos estos temas, sino una demanda sentida de las organizaciones con quienes colaboramos. En distintos contextos nos han dejado claro que es necesario caminar a su lado, poner el cuerpo en la búsqueda y aportar a sus luchas si queremos tener una interlocución legítima con ellas y ellos.  

Esto ha implicado la creación de nuevos espacios de colaboración y formación para nuestros estudiantes y para nosotras mismas como investigadoras-activistas. A nivel personal, los diálogos con las personas que participan en los colectivos de búsqueda han contribuido a mi formación académica y política. Sus reflexiones críticas sobre las violencias estatales, la memoria y las justicias, han sido fundamentales en mi trabajo de investigación y de docencia. En muchos espacios académicos de las ciencias sociales y forenses, ellas se han convertido en ponentes y conferencistas, han compartido sus saberes con las nuevas generaciones de investigadores e investigadoras y, al mismo tiempo, han contribuido a promover una cultura de paz.  

Estos diálogos también nos han llevado a repensar nuestras metodologías y estrategias textuales, diversificando el tipo de productos de investigación que elaboramos para producir peritajes antropológicos, informes de derechos humanos, trabajos escritos y audiovisuales de divulgación que apoyen sus luchas. 

Sin embargo, es importante poner en la mesa del debate el tema de la escritura y la representación de sus experiencias, porque muchas veces, aunque haya buenas intenciones, nuestros escritos pueden tener un efecto contraproducente y revictimizante para ellos y ellas.  Si bien es cierto que hay que confrontar la complicidad con el silencio en torno a las violencias escribiendo y visibilizando sus luchas, hay que evitar caer en lo que algunos autores han llamado la industria de la extracción del testimonio, que, como ha dicho el antropólogo colombiano Alejandro Castillejo: “está asociada a un grupo de intermediarios cuya labor primordial es la recolección de testimonios de eventos traumáticos, con el objeto de entender el fenómeno de la violencia y sus consecuencias sobre los individuos y las comunidades” [6] (Alejandro Castillejo, 2009: 50). La construcción de un “sujeto sufriente” por parte de la antropología de las violencias ha sido ampliamente cuestionada por especialistas que señalan que ante las críticas a la antropología como herramienta colonial que contribuyó a la construcción de un imaginario exotizante sobre “los salvajes”, la disciplina ha vuelto su mirada al entorno propio del investigador o investigadora, pero centrando su mirada analítica en las personas que sufren como su nuevo objeto de estudio.

Estas críticas argumentan que muchas de las representaciones de estos “sujetos sufrientes” tienden a sobredimensionar las violencias y a no reconocer las capacidades de resistencia y solidaridad humana, que muchas veces están presentes en los contextos de violencias extremas. 

Ante esta “industria de la extracción del testimonio”, quienes reivindicamos la investigación activista proponemos metodologías dialógicas y colaborativas que hacen que el dilema ético en torno a la representación del sufrimiento humano no sea solo un problema de la investigadora, sino un tema de reflexión política colectiva en el que resultan fundamentales las voces, las experiencias y los deseos de las actoras sociales con quienes se trabaja. Creemos en el derecho a la auto-representación, y hemos optado por acompañar los procesos de escritura que colectivos o personas buscadoras han decidido emprender. 

Ya existen muchos ejemplos de publicaciones y materiales audiovisuales elaborados por los colectivos de familiares de personas desaparecidas. Para visibilizar estos productos el Laboratorio de Antropología de las Justicias y las Violencias (LAJUVI) de CIESAS organizó desde enero de este año el Seminario Investigación Activista y Co-Producción de Conocimientos. No se trata de presentar trabajos académicos “sobre” la problemática, sino de productos elaborados en colaboración con colectivos de búsqueda, equipos forenses o familiares de desaparecidos. Los libros, manuales, documentales y páginas digitales que hemos presentado en este espacio son co-teorizaciones sobre la problemática, producto de diálogos de saberes entre la academia y los movimientos sociales. [6][7] Sus teorizaciones, que toman formas diversas como la poesía, la crónica o las historias de vida, así como sus prácticas de búsqueda y de construcción de paz, resultan fundamentales para analizar y encontrar alternativas ante la crisis de derechos humanos que vivimos actualmente en México. 

* Rosalva Aída Hernández Castillo es Doctora en Antropología Social, profesora investigadora del CIESAS-sede CDMX. Forma parte del Laboratorio de Antropología de las Justicias y las Violencias. 

El Grupo de Investigaciones en Antropología Social y Forense (GIASF) es un equipo interdisciplinario comprometido con la producción de conocimiento social y políticamente relevante en torno a la desaparición forzada de personas en México. En esta columna Con-ciencia, participan miembros del Comité Investigador, estudiantes asociados a los proyectos del Grupo y personas columnistas invitadas. Las responsables de la misma son Erika Liliana López y Sandra Gerardo (Ver más: http://www.giasf.org).

La opinión vertida en esta columna es responsabilidad de quien la escribe. No necesariamente refleja la posición de adondevanlosdesaparecidos.org o de las personas que integran el GIASF.

*Foto de portada: Una mujer muestra una manta con una consigna bordada. (Mariana Maytorena/ObturadorMX)

Referencias:

[1] Ver Aubry, A. (2011) “Otro modo de hacer ciencia. Miseria y rebeldía de las ciencias sociales”. En Baronnet, B., M. Mora y R. Stahler (coords.). Luchas “muy otras”. Zapatismo y autonomía en las comunidades indígenas de Chiapas. (pp. 59-78). México: CIESAS / UNACH / UAM.

[2] La Universidad Iberoamericana ha creado en su sede de Puebla el Observatorio de Desaparición de Personas (https://www.iberopuebla.mx/IDHIE/ODP), así como múltiples proyectos de arte, divulgación y extensión con colectivos de búsqueda.

[3]  Un grupo interdisciplinario nacido en 2016 que realiza investigación colaborativa con enfoque de incidencia sobre la desaparición y otras graves violencias, y quienes están a cargo del espacio de Con-Ciencia. Para más información sobre el GIASF ver https://www.giasf.org

[4] En 2022, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) creó la Escuela Nacional de Ciencias Forenses, que tuvo como antecedente la Licenciatura en Ciencias Forenses (véase https://oferta.unam.mx/ciencia-forense.html). En Morelos, en 2011, a raíz del Movimiento por la Paz encabezado por Javier Sicilia, se creó la Licenciatura en Seguridad Ciudadana y Ciencias Forenses en la Universidad Autónoma de Morelos (UAEM) (véase https://www.uaem.mx/admision-y-oferta/nivel-superior/licenciatura-en-seguridad-ciudadana.php). La Universidad del Claustro de Sor Juana abrió en 2009 el programa pionero de Licenciatura en Derechos Humanos y Gestión de Paz (véase https://elclaustro.mx/derechos-humanos/). En la Universidad Autónoma de Veracruz se abrió la Especialidad de Antropología Física y Forense en 2023.

[5] Entre estos programas de investigación destacan: el proyecto sobre Desaparición Forzada en México y América Latina de la Universidad Autónoma Metropolitana sede Cuajimalpa (UAM-Cuajimalpa), que creó un diplomado bajo el mismo nombre dirigido específicamente a familiares de personas desaparecidas y activistas que trabajan sobre el tema (véase https://www.cua.uam.mx/oferta-educativa/diplomados/diplomado-sobre-desaparicion-forzada-en-mexico-y-america-latina); el Observatorio sobre Desaparición e Impunidad en México de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) y del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM (véase https://odim.juridicas.unam.mx/), y el Laboratorio de Antropología de las Justicias y las Violencias del CIESAS (véase https://ciesas.edu.mx/investigacion/observatorio-etnografico-de-las-violencias/), entre otros.

[6] Castillejo Cuéllar, Alejandro (2009). Archivos del Dolor, Bogotá, Universidad de los Andes. 

[7] Entre los libros elaborados por colectivos de búsqueda en colaboración con activistas-académicos que hemos presentado están Nadie Detiene el Amor. Historias de Vida de Familiares de Personas Desaparecidas en el Norte de Sinaloa hecho con Las Rastreadoras de El Fuerte; la Guía de Búsqueda con Enfoque en la Verdad y en la Justicia realizado con diversos colectivos de búsqueda; Caminos para la Búsqueda en Vida. Contribuciones de Colectivos y Familiares, realizado también con diversos colectivos de búsqueda de Coahuila, Guanajuato, Morelos, estado de México; el Informe de Tortura en el Norte de Coahuila, solicitado por FAMUN de Coahuila;.Narrativas de una Vida Suspendida del Colectivo Uniendo Esperanzas del Estado de México; Sanadoras de Memorias. Testimonios Fotográfico-Poéticos de Violencias y Resistencias, del Colectivo Regresando a Casa Morelos, entre otros. Las siete sesiones del seminario que se han realizado de enero a julio se pueden consultar en https://youtube.com/@lajuvi-ciesas?si=KzBUA9Ron-Sj6UK0