Publicado en Camino al andar / 22 de abril de 2021
por Gilberto López y Rivas
Entendemos por militarización, en el caso mexicano, la asignación de misiones, tareas, prerrogativas, y competencias a las Fuerzas Armadas, no contempladas en la Constitución y sus leyes, y que corresponden a otras secretarías, instituciones y dependencias del gobierno dedicadas a la seguridad, la obra pública y la administración del Estado. Este proceso se ha profundizado a partir del decreto del 8 de mayo de 2020, que otorgó la seguridad pública a la Fuerza Armada, hasta el año 2024, la formación dela Guardia Nacional bajo conducción militar, la entrega a la Secretaria de Marina del control de puertos y aduanas, al ejército la construcción y administración del aeropuerto metropolitano de San Lucia, diversos tramos del Tren Maya (que será patrimonio militar), la construcción de sucursales del Banco de Bienestar, de varios aeropuertos civiles en la Península de Yucatán, así como al incremento exponencial del presupuesto a SEDENA, Marina y Guardia Nacional, mientras otras secretarías, como la de Cultura, se le recorta el 75% de su presupuesto. El gasto militar en México se elevó el equivalente a 6 mil 500 millones de dólares en el 2019, primer año de gestión de Andrés Manuel López Obrador, que duplicó la tasa de crecimiento mundial, acorde al Instituto Internacional de Estocolmo para la Investigación de la Paz, en su reporte anual sobre gasto castrense mundial. La inclusión del Ejército en un consejo científico que planea la inversión gubernamental en investigación, innovación y tecnología, es una de las últimas acciones en la ruta de la militarización.
Así, el actual gobierno da continuidad a la acumulación capitalista por desposesión, militarizada y necro-política, que las anteriores administraciones neoliberales pusieron en práctica.