Por Tribunal Permanente de los Pueblos
Publicado en Camino al andar
22 de agosto de 2021
Memoria de las resistencias .del pueblo de México. Represión a los movimientos sociales y a los defensores de los derechos humanos.
(22 al 24 de noviembre de 2013)
Capítulo México
Tribunal Permanente de los Pueblos (2011-2014)
Libre comercio, violencia, impunidad y derechos de los pueblos.
Prólogo
La Audiencia “Represión a los movimientos sociales y a los defensores de los derechos humanos” fue convocada cuando los trabajos del Tribunal Permanente de los Pueblos ya se encontraban avanzados. Tuvo como propósito atender dos cuestiones fundamentales: en primer lugar, abrir un espacio específico para explicar la manera en que se había agravado la represión a raíz de que el Partido Revolucionario Institucional (pri) regresó a la presidencia de la República; en segundo lugar, profundizar el análisis transversal, uno que fuera más allá de las especificidades de cada grupo social involucrado en las audiencias temáticas del Tribunal y que permitiera visibilizar algunos aspectos que conectan a las luchas de los afectados ambientales, las mujeres, los jóvenes, los migrantes, los pueblos indígenas y campesinos, los comunicadores y los trabajadores.
En un primer recuento informal, en las reuniones preparatorias de esta Audiencia, los grupos promotores y los activistas recordaron más de 200 casos de represión a las luchas sociales que habían presenciado, documentado o padecido de manera directa.
La Audiencia se realizó en noviembre de 2013 en la ciudad de México y participaron en ella 43 organizaciones sociales y políticas que sumaron sus voces para recorrer más de medio siglo de la historia de México, de la que todos ellos han sido activos participantes: desde el movimiento estudiantil popular de 1968 y las luchas armadas de los años sesenta y setenta hasta la insurgencia magisterial y la resistencia ciudadana contra los fraudes electorales. Los más variados actores colectivos –indígenas, afectados ambientales, trabajadores, pobladores urbanos, estudiantes, defensores de los derechos humanos y comunicadores– relataron las experiencias de dolor que marcan sus vidas y dieron cuenta también de las luchas arduas y constantes que han protagonizado.
El título de la Audiencia, al destacar el término represión, buscaba desde un inicio reconocer el sentido social y político de la sistemática violación de los derechos humanos. La violencia contra los movimientos sociales se encamina, deliberadamente y como política de Estado, a
destruir a los grupos opositores y a acallar todas las protestas. Busca imponer un silencio que haga invisible el descontento pero además tiene la intención de destruir las identidades de quienes resisten. De la represión, definida como un dispositivo para detener a los movimientos y cancelar la defensa de los derechos colectivos e individuales, se deriva una narrativa falsa, pero que se ha repetido durante décadas a través de todos los medios posibles y que ha llegado a contaminar incluso a los inconformes: se dice que México está en paz y que los mexicanos tenemos el gobierno que merecemos porque somos pasivos, dejados, incapaces de detener el autoritarismo, el despojo y el crimen. Este relato prevalece
en los ámbitos internacionales, donde hasta hace muy poco tiempo se consideraba a México como una nación democrática. Si bien esta ficción se ha debilitado durante los últimos años, todavía predomina la idea de que la violencia estatal remite a situaciones puntuales, a anécdotas desafortunadas o a sistemas jurídicos insuficientes, o bien a una crisis coyuntural y reciente. La Audiencia muestra, por el contrario, que se trata de un proceso de larga duración y que la visibilidad de la crisis de los derechos humanos en México remite al siglo xx tanto como a la segunda década del xxi.
Al presentar la Acusación General, como parte de la plataforma de organizaciones sociales del Capítulo México del Tribunal Permanente de los Pueblos, el Comité 68 puso a disposición del Jurado una base de datos que construyó y que contiene los nombres y los casos de más de cinco mil personas, quienes a lo largo de los últimos 50 años han sufrido la violencia directa del Estado, o que han sufrido violencia de parte de otros actores con la evidente complicidad de la autoridad por incapacidad, comisión, omisión o indolencia. La base de datos está organizada por sectores sociales en lucha y por tipos de agresión y reporta casos de asesinatos políticos, masacres en contra de obreros, campesinos, estudiantes y de otros sectores, desapariciones forzadas por motivos políticos, persecución política, persecución laboral, amenazas, torturas, asesinatos por razón de género y persecución o asesinatos por razón de militancia en partidos políticos de oposición.
Contribuir a recuperar y a poner en común esta memoria de los movimientos y de las agresiones sufridas puede contribuir a fortalecer las identidades de quienes han participado en ellos y de los jóvenes que recién se incorporan. Esto es así porque, muchas veces, los propios activistas expresan sus preocupaciones por el reflujo de los movimientos y la insuficiencia de las luchas. Sin pretender cerrar el debate sobre los vaivenes y las dificultades que se experimentan, sí es necesario llamar la atención acerca de la persistencia de las acciones populares y de cómo contribuyen a aplastarlas todas las instituciones estatales, por dentro y por fuera de las leyes. Los cuarenta testimonios que integran este libro expresan una memoria viva de la resistencia y contradicen punto por punto y día por día una versión interesada de nuestra historia reciente, que pone en escena a un pueblo pasivo y resignado.
Esta memoria de los movimientos sociales y de la violencia estatal desproporcionada se expresó en todas las audiencias temáticas y en todas las reuniones preparatorias del Capítulo México del Tribunal Permanente de los Pueblos.
Desde la Audiencia General Introductoria, realizada en ciudad Juárez, Chihuahua, en mayo de 2012, se presentaron, entre otros, los testimonios de la matanza de Acteal y de la constante impunidad en los casos de la violencia de género y de los feminicidios. Más adelante, del 26 al 28 de septiembre de 2014, en el momento mismo en que se perpetró la desaparición forzada de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, se realizó en Santa Fe de la Laguna, Michoacán, la Audiencia “Guerra sucia como violencia, impunidad y falta de acceso a la justicia”, en la que se documentaron los casos de 52 defensores de derechos humanos ejecutados extrajudicialmente, 855 personas detenidas arbitrariamente por participar en manifestaciones públicas o por defender derechos colectivos y 370 actos de hostigamiento, amenazas y agresiones contra defensores de derechos humanos o integrantes del movimiento social; todo esto durante el lapso en el que sesionó el Tribunal Permanente de los Pueblos en México, entre enero de 2012 y septiembre de 2014.
Es evidente que el presente libro, que recoge los casos expuestos en la Audiencia “Represión a los movimientos sociales y a los defensores de los derechos humanos” no pretende presentar un recuento exhaustivo del tema, pero sí da cuenta de una serie de casos emblemáticos, que muestran la extensión de la represión y de la impunidad en el tiempo, en la geografía nacional y en la diversidad de los actores colectivos afectados.
En realidad, este conjunto de testimonios dramatiza la necesidad de reescribir la historia de México. Remite a una historia que está aún por hacerse; apunta hacia la necesidad de redefinir al Estado mexicano, a partir de un análisis que incorpore a los movimientos sociales y políticos y que muestre que el Estado no hace política, no dialoga, no negocia ni atiende los agravios individuales y colectivos. La violencia estatal deliberada y sistemática, encaminada a aplastar las protestas y a destruir a los grupos de luchadores sociales, no ha sido tomada en serio por los analistas, que la omiten o bien la reducen a hechos puntuales, como si fueran simplemente excepcionales o excesivos.
Por el contrario, el proceso del Tribunal Permanente de los Pueblos muestra que la actual crisis de los derechos humanos en México no es una cuestión coyuntural, reciente, asociada al auge del narcotráfico y del crimen organizado; se trata de una política estatal deliberada y de largo plazo, que ha afectado las vidas de millones de luchadores sociales durante décadas. Se trata de una política estatal que puede ser calificada de genocidio, como sostienen algunos de los participantes en esta Audiencia, porque tiene como propósito la destrucción deliberada y planificada de todo un grupo: el de los opositores.
Como proceso de larga duración, se podrían rastrear las raíces de la violencia estatal en términos históricos: desde la Conquista que provocó el aniquilamiento de la mayor parte de la población originaria hasta la construcción del México independiente, como una nación amenazada por la emergencia del país más poderoso y beligerante del planeta.
Esperamos que este libro pueda contribuir a la construcción de una historia distinta: sólo una crónica de las resistencias y de la implacable violencia estatal desatada contra ellas permite comprender cómo se impuso en México el neoliberalismo; cómo se ha mantenido un régimen autoritario pese a la alternancia partidista; cómo se consolidan las alianzas y la actuación conjunta de funcionarios gubernamentales, corporaciones policiacas y militares, empresarios y criminales –que tienen sus expresiones más crudas en los estados de Guerrero, Michoacán y Colima, tal como se expresa en los testimonios que aparecen en el capítulo 11 de este libro.
Algunos de los rasgos básicos del modelo o dispositivo de represión a los movimientos sociales que prevalece en México se moldearon desde los años sesenta y setenta del siglo xx.
El ataque contra el movimiento estudiantil popular de 1968, además del golpe militar, del uso de fuerzas paramilitares y del manejo faccioso del sistema de impartición de justicia, contó con la complicidad de los medios comerciales de comunicación. En la guerra sucia contra los movimientos armados, además de la tortura, las ejecuciones extrajudiciales y las desapariciones forzadas, los ataques se extendieron contra la población civil, contra mujeres, niños, hombres y ancianos de comunidades completas. Si los disidentes eran considerados como enemigos, el exterminio se amplió contra sus simpatizantes y sus vecinos. Este modelo de guerra sucia se aplicó también, durante los años siguientes, contra los luchadores sociales: contra las familias campesinas que ocuparon tierras y promovieron formas de organización autónomas y contra los pobladores urbanos que exigían condiciones mínimas para una vida digna. Las políticas neoliberales y la cancelación de los derechos laborales se abrieron paso mediante ataques de la fuerza pública, una serie de encarcelamientos infundados e incluso asesinando a trabajadores empeñados en defender sus sindicatos y sus fuentes de empleo.
En septiembre de 2014, un año después de que se realizó la Audiencia “Represión a los movimientos sociales y a los defensores de los derechos humanos”, el ataque perpetrado en Iguala contra los estudiantes de la Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa y la desaparición forzada de 43 de ellos puso en primer plano la gravedad de la crisis de los derechos humanos y la penetración de las instituciones estatales por parte del crimen organizado. La crisis de los derechos humanos en México ha sido reconocida por los organismos internacionales. Los relatores de la Organización de las Naciones Unidas han calificado al país como uno de los más peligrosos del mundo para los periodistas y para los defensores de los derechos humanos y destacan la complicidad del poder judicial, que se manifiesta en la total impunidad de los crímenes –y en el mal uso deliberado del derecho penal y de las instituciones de impartición de justicia.
En esta etapa es indispensable contar con un diagnóstico justo y claro sobre las causas y las características de la violencia estatal contra los activistas y los participantes en las luchas sociales y políticas.
Es necesario insistir en que no se trata de un problema coyuntural sino de larga duración, anclado en los fundamentos del Estado mexicano y en lo que, en el marco del Tribunal Permanente de los Pueblos, se definió como desviación de poder, que implica el uso continuado de las instituciones estatales y la definición sesgada de las leyes mismas en beneficio de unos cuantos y con fines distintos de aquellos para los que fueron creadas.
No fue tarea de esta Audiencia denunciar, documentar, demostrar y sentenciar en torno a las razones sociales, históricas y geográficas, tanto nacionales como internacionales que dan cuenta de esta figura sórdida que ha adquirido el Estado mexicano. Ello fue materia específica de dos seminarios cerrados y uno público e internacional que organizó el Capítulo
México con diversas redes de investigadores y que se expresaron en la acusación general presentada en la Audiencia Introductoria de Ciudad Juárez durante 2012, así como en las fiscalías especializadas que se presentaron durante la Audiencia Final de 2014.
En la medida en que este libro busca contribuir a la memoria de la resistencia, recoge todas las intervenciones que se presentaron en la Audiencia “Represión a los movimientos sociales y a los defensores de los derechos humanos”, a partir de la grabación y la transcripción de todas las intervenciones que la sustentaron. Para facilitar la lectura, fue modificado el orden en que aparecen los testimonios, que en este texto sigue un orden cronológico y agrupa a los actores colectivos que comparten agravios y condición social. Al final del libro se presenta completo el Dictamen elaborado por el Jurado internacional, que fue nombrado por el Tribunal Permanente de los Pueblos.
Adriana López Monjardín