Publicado en Camino al Andar
16 de septiembre de 2021
Por Colectivo Llegó la Hora de los Pueblos
14 de septiembre del 2021
El Colectivo Llegó la Hora de los Pueblos de Apoyo al CNI, CIG y EZLN manifiesta su solidaridad con los miles de migrantes centroamericanos y haitianos que en las últimas semanas han sido reprimidos por la Guardia Nacional y sus derechos humanos vulnerados por los agentes migratorios y por las fuerzas de seguridad. Violando la histórica tradición del refugio del Estado mexicano y contraviniendo leyes nacionales y tratados internacionales, la política de “contención migratoria” del gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha usado a las fuerzas militares y de seguridad contra personas que huyen de la violencia y la pobreza en sus países, algunas de ellas solicitantes de asilo político.
Las políticas migratorias reproducen y alimentan el trato racista y xenófobo contra la población migrante, que desde el 28 de agosto pasado ha formado cuatro caravanas de entre quinientas y setecientas personas, tratando de romper el cerco migratorio que los tiene encerrados en la ciudad de Tapachula, en condiciones degradantes de vida. El 5 de septiembre pasado la cuarta caravana de unas setecientas personas fue acorralada y golpeada por efectivos de la Guardia Nacional, que durante ocho horas los persiguieron en las inmediaciones de la ciudad de Huixtla, separando a niños y niñas de sus familiares, y golpeando de manera brutal a muchos migrantes. Esta agresión fue ampliamente denunciada por los colectivos de derechos humanos y el Colectivo de Observación y Monitoreo de Derechos Humanos en el Sureste Mexicano interpuso una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) (folio 2021/81670) y un amparo ante las autoridades judiciales para proteger a los migrantes de futuras acciones.
Haití es un país inmerso en una crisis humanitaria profunda, el más empobrecido de las Américas, asediado por fenómenos naturales y crisis políticas, el terremoto de 2010 y huracanes que se han sucedido, creando escenarios devastadores y condiciones de vida que han exigido la ayuda humanitaria, y, en su momento México, incluso, recibió alrededor de 3 mil personas. De estas condiciones huyeron hacia Sudamérica, muchos de ellos a Brasil donde fueron acogidos por el gobierno de Lula da Silva, otorgándoles permiso de trabajo temporales en vísperas de las olimpiadas de 2014. Sin embargo, las condiciones económicas, políticas y jurídicas favorables se terminaron con Jair Bolsonaro, y su gobierno de derecha, xenófobo y racista. Llevan largo tiempo caminando en colectivo miles de kilómetros, han atravesado diversas fronteras y geografías en la región, llegado a México para seguir muchos la ruta hacia Estados Unidos o no, pero el gobierno incumple con la política de asilo y de carácter humanitario. Muchos han hecho los trámites correspondientes para regularizar su situación en México, solicitar asilo político. Sin embargo, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR), los ha mantenido durante meses esperando una respuesta oficial, sin las condiciones dignas de vida, mientras sufren el trato xenófobo y racista de las autoridades migratorias y de algunos sectores de la sociedad.
Continuando con una política de dos caras, el gobierno mexicano por un lado hace alarde de recibir a unos pocos refugiados sirios y afganos, en el marco de una amplia campaña mediática, a la vez que sigue apoyando las políticas represivas de control migratorio de Estados Unidos, recorriendo la frontera norteamericana al sur de nuestro territorio y convirtiendo a Tapachula en una “ciudad cárcel”.
Así, la política migratoria del gobierno deja atrás una larga historia de asilo, del mismo exilio haitiano originado por las dictaduras de los Duvalier, en los años sesenta, y sudamericano, en la década de los setenta. La subordinación del gobierno de México a las políticas antinmigrantes del gobierno de Estados Unidos, reproduce su política de securitización y militarización y convierte nuestra frontera sur en una “frontera muro”. La ciudad de Tapachula, desde principios de los 80s, ha sido un retén para los migrantes centroamericanos, hoy es una ciudad transformada en ciudad cárcel, la Guardia Nacional actúa como la patrulla fronteriza (Border Patrol), el Instituto Nacional de Migración como la temida migra en la frontera norte, que ha perseguido por más de un siglo a los mexicanos que buscan trabajo. ¿Acaso podemos olvidar una larga historia de persecución de los migrantes mexicanos en la frontera sur de Estados Unidos, muchas vidas perdidas y sufrimiento de nuestros compatriotas mexicanos, cruzando esta frontera, para buscar una mejor vida? Es una política que atenta contra los intereses de nuestros propios paisanos, paradójica al discurso apologético de las remesas, como supuesta palanca del desarrollo, discurso promovido por el Banco Mundial para ocultar las causas y el drama de la migración. Las barreras nacionales a la libre movilidad de las personas contribuyen a reproducir y profundizar las dinámicas de desarrollo desigual imperantes. La frontera sur ya forma parte de las fronteras terrestres y marítimas que en distintas regiones del mundo hoy son un escenario de migraciones forzadas y de violaciones a los derechos humanos.
Consideramos que la xenofobia institucionalizada, convertida en políticas migratorias y de seguridad, ha contribuido a crear un contexto de violencia e inseguridad contra los migrantes, alimentando los imaginarios racistas y tratos indignos de sectores de la sociedad mexicana. Este contexto de vulnerabilidad ha posibilitado las múltiples masacres, desapariciones forzadas y violencias extremas perpetradas en los últimos años contra esta población, por el crimen organizado en complicidad o aquiescencia con las fuerzas de seguridad.
El otro rostro de estas políticas y tratos racistas, es el de la solidaridad de algunos ciudadanos mexicanos, dispuestos a apoyar y compartir lo que tienen, en esta costa de Chiapas que guarda memoria, del apoyo brindado a los refugiados guatemaltecos que huían de la guerra en Guatemala, durante el período de Efraín Ríos Montt a principios de los 80s. A esta solidaridad convocamos a todos, a no permitir un trato inhumano a nuestros hermanos migrantes haitianos y centroamericanos.
Condenamos la política migratoria que está siguiendo el gobierno de México reproduciendo la política antiinmigrante y violatoria de los derechos humanos del gobierno de Estados Unidos. Viola la Constitución política nacional y tratados internacionales suscritos, el gobierno de México es signatario de la Convención sobre la Protección de los Derechos de Todos los trabajadores Migrantes y de sus Familiares, entre otros documentos que garantizan la libertad de tránsito, el derecho a la seguridad jurídica y al debido proceso, a la asistencia consular, a la no discriminación, a solicitar asilo, al reconocimiento de la condición de refugiado, a la protección de la unidad familiar, a la dignidad humana, a no ser criminalizado, a un alojamiento digno, a no ser incomunicado, a un intérprete o traductor, a no ser detenidos en las inmediaciones o dentro de Albergues[1].
Ante este contexto demandamos al gobierno mexicano que cumpla con sus compromisos internacionales y que asegure la integridad física y emocional de la población migrante, en especial de los niños y las niñas cuyos derechos están siendo violados. Llamamos a la sociedad mexicana a construir puentes entre los pueblos y las luchas sociales, a derribar los muros que nos dividen, a reabrir las fronteras y defender el libre tránsito de las personas, rechazando toda forma de xenofobia y racismo.
[1] Derechos de las personas migrantes, CNDH. https://cndh.inklusion.Incluirt.com/