Publicado en Diario de Chiapas
22 de diciembre de 2021
Por Jeny Pascacio
El 22 de diciembre de 1997, 45 indígenas y dos no nacidos del municipio de Chenalhó, fueron salvajemente asesinados por un grupo armado
Juan Vásquez Luna, es uno de los sobrevivientes de la Masacre de Acteal. Aquel día, su padre, Alonso Vásquez Gómez, organizó una jornada de oración y ayuno para que cesaran los enfrentamientos, que provocaban desplazamientos de familias indígenas.
Juan —entonces de 14 años— y sus amigos escucharon disparos. Corrió con otros niños a esconderse en el arroyo; oyeron gritos. Permanecieron pecho a tierra por cuatro horas, hasta que la escena estuvo en silencio.
Luego caminaron por la montaña hasta llegar a San Pedro Polhó, que entonces era un campamento de desplazados. “Mataron a mi papá, mi mamá y a cinco de mis hermanos”.
Los sobrevivientes exigen al Estado mexicano, reconocer su responsabilidad y castigo a los autores intelectuales: el entonces presidente de México, Ernesto Zedillo; su secretario de Gobernación, Emilio Chuayffet; y el ex gobernador de Chiapas, Julio César Ruiz Ferro, que tres semanas después de la Masacre de Acteal, renunció al cargo.
Desde el 2009, la Suprema Corte de Justicia de la Nación otorgó la libertad, primero a 20 paramilitares confesos y a través del Congreso del Estado, les otorgó hectáreas de tierras.
Fue el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) que tomó la defensa porque las supuestas violaciones a los principios de debido proceso y presunción de inocencia eran tan graves que lo hacían un caso paradigmático.
“Abogaron para que pudieran revisar el caso de los grupos paramilitares procesados por la masacre de Acteal. La Suprema Corte de Justicia de la Nación atrajo el amparo que presentaron los investigadores del CIDE con el argumentaron que los paramilitares procesados fueron identificados por un álbum fotográfico”, recordó José Patrocinio Hernández Gómez, vocero del Consejo de las Abejas.
Posteriormente los demás paramilitares que estaban sentenciados por el mismo hecho usaron ese mismo recurso para ser liberados y a la fecha no hay ningún autor material ni intelectual que esté preso por la Masacre de Acteal.
“El gobierno también es responsable por el encubrimiento. Nunca se hicieron investigaciones tendientes a deslindar responsabilidades de autores intelectuales”.
CRIMEN DE ESTADO DE LESA HUMANIDAD
Para los sobrevivientes, la masacre pudo haberse evitado sin la traición del gobierno mexicano a los recién signados Acuerdos de San Andrés. “Firmó para simular”, pues uno de los puntos es el respeto a la autonomía y la libre determinación de los pueblos indígenas.
José Patrocinio Hernández Gómez, dijo que “el Estado mexicano generó todas las condiciones para que se llevar a cabo la masacre y, a través del Ejército mexicano, formó, entrenó y armó a los grupos paramilitares afiliados al Partido Revolucionario Institucional y al Frente Cardenista”.
El acto ocurrido en la ermita de Acteal el pasado 22 de diciembre de 1997, cuando 45 tzotziles fueron asesinados, entre ellos 18 menores y cuatros mujeres embarazadas, coincidieron es un crimen de Estado de lesa humanidad, “no un conflicto de tierras o un conflicto social o de religión”.
En marzo de 2005 se presentó una petición ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), como una alternativa internacional para la resolución del caso, pero pasaron cinco años para que la CIDH notificara.
La búsqueda de la justicia, incluso llevó a la Sociedad Civil Las Abejas de Acteal a separarse y una parte formó el Consejo de las Abejas.
La Sociedad Civil no cree en la palabra de los gobiernos, pues aseguran no buscan la reparación del daño, solo la división de los sobrevivientes. Mientras el Consejo de las Abejas, va por la solución amistosa, en un replanteamiento para hacer responsable al Estado mexicano y por el fallecimiento de más sobrevivientes.
“Se había dejado descuidado la parte de las víctimas y poníamos como el centro de atención en la ideología política de Las Abejas”, ahora son las víctimas el centro del caso, enfatizó José Patrocinio.
ACUERDO DE SOLUCIÓN AMISTOSA
El gobierno de México asignó en el caso 12.790 Manuel Santiz Culebra y Otros, mejor conocido como “Masacre de Acteal” para solución amistosa que consiste en que el Estado repare de manera integral a las víctimas y reconozca su responsabilidad por las violaciones a los derechos humanos que cometió en la época de los hechos, así como una disculpa pública que se realizó en el 2020.
Fue el Consejo de Las Abejas que aceptó esta solución, “no estamos claudicando en la lucha, es exigir la obligación del gobierno, porque los acuerdos son con base en el derecho internacional”.
“Queremos que le Estado asuma lo que sucedió en la Masacre de Acteal. Hay mucho desgaste de las víctimas y antes no tenían atención medica del gobierno”, dijo Hernández Gómez.
Entonces, la parte más importante del gobierno es la parte del reconocimiento público del gobierno.
“Nos importa llegar a la verdad de dónde están los verdaderos culpables, los responsables, los que diseñaron ese plan de Estado para controlar la lucha del Ejército Zapatista”.
El próximo año, el Consejo de Las Abejas buscará a dos investigadores particulares y con el resultado va a pedir la intervención de la Fiscalía General de la República y seguir exigiendo justicia.
“El tema de la verdad es lo más importante para que haya una reparación del daño integral para las víctimas. Valoramos que en este acuerdo hemos logrado algo para las víctimas. Este acuerdo lo hicieron ellas, sin intervención de organizaciones”.