Publicado en Fábrica de Periodismo
16 de agosto de 2024
La comunidad de Santa María Ostula presenta hoy un último recurso legal para defender su tierra comunal.
Este viernes, 9 de agosto, la comunidad de Santa María Ostula, en el municipio de Aquila, Michoacán, presentará su último recurso jurídico posible para lograr el reconocimiento de San Diego Xayakalan, una franja de tierra de propiedad comunal de 1,250 hectáreas que ha estado en disputa desde hace dos décadas.
Ostula es un pueblo nahua que habita en la costa michoacana y que cuenta con una larga historia de defensa armada de su territorio. Inició incluso antes de que la emblemática comunidad de Cherán se levantara en armas para expulsar a los talamontes y consiguiera el reconocimiento de su propio sistema de autogobierno y seguridad Era 2009: la violencia que estallaba en todo Michoacán al mismo tiempo que se planificaba el desarrollo turístico de la costa que, junto el proyecto carretero Coahuayana Lázaro Cárdenas, contemplaba la desincorporación de tierras comunales en toda la zona.
Fue en junio de ese año que Ostula decidió organizar su propia Guardia Comunal, amparados en el Acuerdo 169 de la Organización Internacional del Trabajos sobre Pueblos Indígenas y Tribales, ratificado después por decreto presidencial.
Esto, organizar una Guardia Comunal y pugnar por una autonomía del estado, les ha costado a los comuneros de Ostula mucho más que la animadversión del gobierno –el actual gobernador morenista, Alfredo Ramírez Bedolla, no ha dejado de atacar a Ostula y desconocer su sistema de autogobierno. Desde entonces, en Ostula se ha mantenido una guerra de baja intensidad contra células del crimen organizado pertenecientes a la Familia Michoacana, los Caballeros Templario y el Cartel Jalisco Nueva Generación. A la fecha, desde la creación de su Guardia Comunal, 40 comuneros han sido asesinados. Otros cinco permanecen en calidad de desaparecidos.
Guardia Comunal de Santa María Ostula. Foto: Alan Ortega, Cuartoscuro
La tierra comunal de Ostula
El punto central de esta historia es San Diego Xayakalan: las 1,250 hectáreas que la comunidad de Ostula pelea en tribunales desde hace 20 años. Según informa el reportero Heriberto Paredes –posiblemente el periodista que más ha documentado este conflicto–, los comuneros cuentan con numerosos documentos que dan fe de los límites de sus territorios: desde títulos virreinales hasta una resolución presidencial.
En 2004, sin embargo, un grupo de propietarios del pueblo vecino –La Placita– interpuso un juicio agrario contra Ostula para pelear la ubicación de las fronteras de cada comunidad. Los habitantes de Ostula señalan a los quejosos como personas vinculadas a partido políticos, organizaciones criminales e intereses mineros. El espacio en disputa es una tierra sumamente fértil que, además de albergar una fauna abundante y una vegetación tupida, colinda con varias concesiones mineras de hierro y goza de una posición inmejorable –justo entre el puerto de Manzanillo y el de Lázaro Cárdenas– para el trasiego de todo tipo de mercancías.
Los habitantes de Ostula, sus asesores legales y las autoridades comunales ubican la disputa de estas tierras como el origen de la violencia. El asesinato de Diego Ramírez, el profesor que organizó la comisión para la defensa de la tierra comunal de Ostula, marca el inicio del conflicto. Ocurrió el 26 de julio de 2008.
Alertados por la deriva violenta del conflicto, en 2009 Ostula decidió tomar por la fuerza las tierras y rebautizarlas como San Diego Xayakalan, mientras continuaba la pelea en los tribunales agrarios.
Hace tres años, Ostula intentó que el caso de San Diego Xayakalan fuera atraído por la Suprema Corte de Justicia de la Nación pero fue en vano. Hoy, el actual posicionamiento de los comuneros de Ostula, apoyado por intelectuales y periodistas como Juan Villoro, Diego Enrique Osorno o Luis Hernández Navarro, y organizaciones como la Red TDT, la Red Solidaria por los Derechos Humanos y Serapaz es señalar las numerosas irregularidades del caso ocurridas en los tribunales agrarios –específicamente del Tribunal Agrario 38 con sede en Colima– a lo cual se suma las agresiones constantes del crimen organizado y la animadversión del gobierno estatal.
Para ello, ante el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, con sede en Morelia, los comuneros interpondrán un amparo directo (463/2023): es el último recurso que les permite el sistema jurídico mexicano.
“La comunidad de Santa María Ostula ha preservado más de cien kilómetros de litoral y más de 200 mil hectáreas de flora y fauna –escribió Juan Villoro hace una semana–. Se trata de una contribución invaluable digna de orgullo. Si no se defiende esa conquista, y la integridad de sus pobladores, este país carece de futuro”.
San Diego Xayakalan: la tierra comunal en disputa que pelea en tribunales la comunidad de Ostula. Foto: Alan Ortega, Cuartoscuro
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